El Gobierno habilitó un esquema de adelanto de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias y apuesta a que ese alivio financiero contribuya a ordenar la relación con los gobernadores y garantizar los apoyos necesarios para avanzar con su agenda de reformas en el Congreso. La medida será oficializada por decreto y se inscribe en una estrategia más amplia para recomponer vínculos políticos en un contexto de caída de la recaudación y presión sobre las cuentas provinciales. Según fuentes oficiales, el mecanismo apunta a cubrir necesidades de liquidez de los distritos sin que deban recurrir al endeudamiento en el mercado. Los fondos, que corresponden por ley a las provincias, serán girados de manera anticipada y deberán devolverse antes de fin de año, con una tasa del 15%, por debajo de los costos financieros que enfrentan en el sistema crediticio. En la Casa Rosada consideran que el movimiento también tiene impacto político. Cerca del Ejecutivo explican que es una forma de ordenar la relación fiscal con los gobernadores y sostienen que el esquema fija un marco más previsible frente a pedidos recurrentes de asistencia. En paralelo, reconocen que la situación en las provincias es delicada y atraviesa a oficialistas y opositores por igual. El deterioro de los recursos es uno de los factores centrales. La baja en la recaudación afectó tanto a la Nación como a las provincias, con caídas en las transferencias automáticas y una pérdida significativa de ingresos en términos reales durante el primer trimestre del año. En ese escenario, los gobernadores enfrentan dificultades para sostener gastos corrientes, en particular salarios y compromisos paritarios. Fuentes con conocimiento del vínculo fiscal entre Nación y distritos admiten que la situación es compleja en todas las provincias. Según describen, la combinación de menores ingresos y mayores demandas internas tensiona las cuentas locales y reduce el margen de maniobra. En ese contexto, el adelanto de coparticipación aparece como una de las pocas herramientas disponibles para evitar un mayor deterioro. El esquema alcanza a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Incluye tanto provincias alineadas con el oficialismo como otras con posiciones más críticas, lo que refuerza la intención del Gobierno de sostener canales de diálogo amplios. La medida no es inédita. En enero, el Ejecutivo ya había aplicado un mecanismo similar para Entre Ríos. Ahora, el alcance es mayor y responde a un análisis de la situación fiscal de cada distrito. En el Gobierno señalan que es una política habitual y explican que busca anticipar necesidades en lugar de responder a pedidos mensuales. Estrategia legislativa y equilibrio de fuerzas El trasfondo es político. Sin mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de acuerdos con los gobernadores para avanzar con proyectos clave. Esa red de apoyos, que resultó determinante en etapas anteriores, enfrenta señales de desgaste en medio de las tensiones fiscales y debates sensibles, como la reforma electoral o cambios en leyes vinculadas a recursos naturales. En ese marco, el oficialismo busca reactivar la agenda parlamentaria. Para los próximos días, se prevé el tratamiento de iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares, que cuenta con respaldo de provincias mineras, y otros proyectos incluidos en el paquete de reformas. En el Gobierno confían en reunir los votos necesarios con apoyo de mandatarios provinciales y bloques aliados. “Con el acompañamiento de los gobernadores y sectores afines, creemos que están los votos”, aseguran fuentes legislativas. La clave, agregan, pasa por sostener el diálogo político en paralelo a la asistencia financiera. Esa tarea recae en buena medida en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien retomó las gestiones con gobernadores a través de reuniones y viajes a las provincias. En los últimos días mantuvo encuentros con mandatarios considerados dialoguistas, con el objetivo de avanzar en la agenda legislativa impulsada por el presidente Javier Milei. Desde las provincias también marcan la necesidad de coordinación. Gobernadores aliados destacan la importancia de avanzar en reformas que den previsibilidad y generen condiciones para la inversión, aunque al mismo tiempo reclaman mayor certidumbre en los envíos de fondos y continuidad en obras de infraestructura. La relación entre Nación y provincias atraviesa así un equilibrio delicado. La caída de los recursos limita las posibilidades de ambos lados y condiciona las negociaciones.