UGT y CCOO han acordado convocar una huelga general en otoño por la crisis de la vivienda después de asumir la propuesta planteada por el Sindicato de Inquilinas. El acuerdo se ha conocido tras el anuncio de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. No obstante, aunque todavía no hay fecha, se espera que sea antes de la campaña electoral. “Hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, han asegurado en un comunicado conjunto.

La medida deberá ser ahora ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección. Las centrales sindicales tomaron esta decisión después de que el Congreso de los Diputados rechazara el viernes pasado los reales decretos-leyes sobre vivienda. Ante ese resultado, resolvieron sumar las reivindicaciones del ámbito laboral a las movilizaciones sociales, en conjunto con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales.

PUBLICIDAD La fecha definitiva del paro de 24 horas se definirá junto con esas plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas. El objetivo es movilizar a los trabajadores para que respalden la huelga general por el derecho a la vivienda y por salarios que permitan costearla. “Las manifestaciones del pasado fin de semana mostraron la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, señalan los sindicatos. Apelan a las empresas CCOO y UGT ubican esta protesta dentro de sus reclamos para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde proponen subas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión.

También la vinculan con su Decálogo por el Derecho a la Vivienda, que exige un pacto social, la limitación de los alquileres, la creación de un parque público de vivienda protegida “y permanente”, y la aplicación “efectiva” de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios. PUBLICIDAD Con esta convocatoria, los dos sindicatos apelan a las organizaciones empresariales para que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen retribuciones que cubran bienes básicos. También reclaman a las administraciones públicas con competencias en la materia que apliquen de forma efectiva la legislación sobre el derecho a la vivienda.

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