En el marco de una jornada de protesta federal, el colectivo de discapacidad de Córdoba se movilizó este miércoles hacia la Plaza San Martín para expresar su firme rechazo al nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional y exigir el cumplimiento de la normativa vigente. La marcha en la capital provincial formó parte de una convocatoria nacional que tuvo réplicas en ciudades como Buenos Aires y Mar del Plata, denunciando un ajuste que pone en riesgo las prestaciones básicas de miles de familias. El reclamo central de la protesta fue la defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Nº 27.793), sancionada el año pasado, y el rechazo tajante al proyecto de “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” que el Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso.

Las organizaciones y familias exigen que el Gobierno nacional cumpla con la Ley 27.793, una normativa que ya ha sido ratificada por diversas instancias del Poder Judicial. Denuncian que la falta de aplicación de esta ley y el desfinanciamiento del sistema impiden la entrega de insumos críticos como medicamentos, sondas, pañales y leche para personas con internación domiciliaria. En lugar de aplicar la legislación vigente, el oficialismo busca impulsar la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Según el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta iniciativa utiliza el argumento de combatir irregularidades para «esconder un ajuste» y «poner en riesgo el funcionamiento de todo el sistema». Además, denuncian que el proyecto instala una mirada «estigmatizante» sobre el colectivo. Ver esta publicación en Instagram «Una ley que viene a romper lo que ya está roto» Desde la Fundación CEA Río Ceballos, las voces de alerta subrayaron la gravedad de la situación.

Belén Vergara Freytes, integrante de dicha institución, advirtió sobre un «maltrato sistemático» hacia el sector desde el inicio de la actual gestión. Según Vergara Freytes, el Gobierno ha intentado «demonizar» al colectivo con cifras irrisorias de pensiones supuestamente mal otorgadas para justificar un ajuste estructural. Respecto a la propuesta legislativa del Ejecutivo, la referente fue contundente: «Nos encontramos con esta nueva idea de una ley que viene a romper sobre lo que ya está roto«.

Vergara Freytes destacó especialmente el peligro de la desregulación del nomenclador nacional, señalando que «las obras sociales van a tener la potestad de decidir si van a querer o no brindarle la atención a la persona con discapacidad», lo que implicaría que la salud deje de ser un derecho adquirido para convertirse en una decisión arbitraria de las prestadoras. Además, denunció que los nuevos procesos de reempadronamiento buscan el «cansancio» de las familias: «Nosotros ya tenemos una forma de vida diferente por la sobrecarga del cuidado… si a esto tenemos que sumarle horas de cola, buscan que la gente diga ‘no voy, que me saquen la pensión'». Trabajadores y prestadores Vergara Freytes advirtió que el impacto de las medidas no se limita a las personas con discapacidad y sus familias, sino que alcanza a todo el entramado laboral del sector. “Esto no viene solamente a romper el esquema de la familia de la persona con discapacidad, sino que en torno a nosotros hay todo un ecosistema de trabajadores que hoy han tenido que dejar su vocación para buscar otro trabajo, porque no les da un sustento de vida”, explicó.

En ese sentido, señaló que existe una creciente falta de profesionales y asistentes, ya que muchos abandonan el sector por los bajos ingresos y los atrasos en los pagos. “Lo que trabajan hoy lo van a cobrar de acá a seis o a veces nueve meses”, afirmó. La referente también vinculó la situación con la crisis general del sistema de salud y mencionó dificultades en organismos como PAMI. Además, remarcó la situación de los transportistas: “Lo que les pagan por el traslado prácticamente les alcanza solo para cargar combustible”. “Es un ecosistema el que se está rompiendo”, sintetizó, y advirtió que la falta de prestaciones genera un efecto en cadena: familias que pierden terapias, madres que deben dejar de trabajar y una organización de vida que se desarma.

Desigualdad en el acceso a la salud En sintonía con este planteo, Rocío Juárez, también de la Fundación CEA Río Ceballos, explicó que la desregulación del nomenclador generará una desigualdad profunda en el acceso a la salud. «Cada obra social va a fijar sus propios aranceles, generando una atención para ricos y otra para pobres«, afirmó Juárez, agregando que muchas instituciones no podrán aceptar obras sociales que paguen por debajo de los costos, dejando a gran parte de la población fuera del sistema. La movilización en Córdoba también visibilizó la crisis de los prestadores y profesionales, quienes denuncian atrasos en los pagos del programa Incluir Salud desde octubre del año pasado y aranceles que no se actualizan frente a la inflación. «Lo que está haciendo este gobierno es lo más cruel que he visto en mi vida», sentenció Juárez, reflejando el sentimiento de desamparo de muchas familias frente a lo que consideran políticas de recorte disfrazadas de lucha contra el fraude.