La reforma laboral en curso en el Congreso se presenta como una de las más ambiciosas de los últimos tiempos, con el potencial de transformar profundamente el panorama laboral. Sin embargo, las evidencias indican que el estancamiento del empleo privado registrado durante más de una década ha obligado a una gran parte de la fuerza laboral a recurrir a trabajos de baja calidad, como los asalariados informales o los autónomos. A pesar de la envergadura de los cambios propuestos, persisten importantes cuestiones pendientes que aún no han sido abordadas. Las licencias por enfermedad El tema más controvertido fue el artículo 44, introducido en el Senado, que proponía cambios en el régimen de licencias por enfermedad. Se trata de un tema relevante, ya que se estima que 6 de cada 10 empresas tiene en el mes al menos un día perdido por ausentismos, siendo las enfermedades no laborales la causa principal del ausentismo. El esquema vigente obliga a los empleadores a pagar el salario completo durante un período de entre 3 y 12 meses, según la antigüedad y la presencia de cargas de familias. En su lugar, se proponía una cobertura parcial en función de la causa de la enfermedad, además de reducir los plazos de cobertura. Aunque la intención de la reforma era equilibrar los costos y desincentivar los abusos, las deficiencias de su diseño generaban muchas resistencias y elevados riesgos de judicialización. El artículo finalmente fue dado de baja, lo que deja el rudimentario esquema vigente y con todos los perjuicios que ello implica. En el caso de enfermedades leves, el sistema sigue incentivando el ausentismo espurio, ya que resulta muy difícil controlar y evitar la simulación de enfermedades. Por otro lado, en enfermedades de larga duración, el esquema vigente se vuelve extremadamente costoso, especialmente para las empresas de menor tamaño, y genera un riesgo de desprotección para los trabajadores. En estos casos, al empleador, aunque deba pagar indemnización por despido, le resulta más conveniente extinguir la relación laboral. Es ponderable el reconocimiento del error y haber dado de baja el polémico artículo. Sin embargo, sigue siendo recomendable modernizar la cobertura de las enfermedades profesionales. Para ello, es pertinente tomar como referencia lo que hacen otros países. En Uruguay y la mayoría de los países europeos se establece que los primeros días de falta están a cargo del empleado, pero cuando la enfermedad es más grave entra a cargo del seguro social. De esta manera se disminuyen los abusos, se brinda una mejor cobertura a las enfermedades más largas y se establece un esquema de financiamiento más consistente. El eslabón más débil: las pymes Uno de los grandes desafíos que enfrenta la reforma laboral es la alta tasa de informalidad en las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué estas empresas recurren en masa a la contratación ilegal? La respuesta se encuentra en una combinación de factores, pero uno de los más determinantes es la brecha entre el costo que implica contratar formalmente y lo que el trabajador recibe en su cuenta bancaria. Esta brecha es una de las más altas a nivel mundial. El desaliento afecta a todas las empresas, pero tiene una incidencia especial entre las más chicas. Con menores niveles de productividad, la reacción ante la exagerada carga impositiva es la informalidad. El proyecto no reduce esta brecha salvo para las nuevas contrataciones y por un plazo determinado. Aunque se justifica la cautela del Ejecutivo, ya que una reducción generalizada de esta brecha tendría un impacto fiscal considerable que afectaría el equilibrio de las cuentas públicas, existen alternativas que podrían aliviar el costo laboral de las pequeñas empresas sin comprometer la estabilidad fiscal. Un ejemplo de esto sería establecer un umbral mínimo exento de contribuciones patronales. Así, aquellas empresas cuyo monto de masa salarial no supere un determinado límite, quedarían exentas de pagar contribuciones, mientras que las que excedan ese monto, pagarían solo sobre el exceso. Este enfoque permitiría aliviar el costo laboral de los empleadores más pequeños sin generar una presión fiscal excesiva. Si además de esta medida se les otorgara a las microempresas la posibilidad de no estar obligadas a aplicar los convenios colectivos sectoriales, aumenta las probabilidades de que comiencen a cumplir con las normativas laborales. Lamentablemente, con los cambios que introduce el proyecto tal como lo diseñó el Ejecutivo, no alcanza para inducir una masiva formalización entre las empresas más pequeñas. Se acelera la crisis del sistema de riesgos del trabajo Finalmente, la Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la baja de una de las principales ART. No se trata de un hecho aislado sino la manifestación de que a este nivel de litigiosidad el sistema es inviable. Frente a este problema el proyecto que se apresta a aprobar el Congreso no aporta soluciones, sino manifestaciones de buena voluntad sin efectos prácticos. Se trata de otro tema que la reforma deja pendiente. La particularidad en este caso es que además es un tema de extrema urgencia. (*) Economista de Idesa