La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo este lunes 6 de abril, cuando sus padres enviaron una carta dirigida al presidente Javier Milei en un intento por acelerar el avance del expediente. A través de una carta dirigida al Presidente, la familia del nene desaparecido en la provincia de Corrientes el pasado 13 de junio de 2024 volvió a reclamar medidas urgentes ante las demoras judiciales y la falta de respuestas en la causa. La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo este lunes 6 de abril, cuando sus padres enviaron una carta dirigida al presidente Javier Milei en un intento por acelerar el avance del expediente.

El documento expone el estado actual del expediente y la preocupación de la familia frente al paso del tiempo sin definiciones concretas. “Cada día aleja la verdad”, señalaron en el texto. En la carta, María Luisa Noguera y José Mariano Peña remarcaron que toda su expectativa está puesta en el avance de la causa y en la posibilidad de obtener respuestas. “Es la única instancia capaz de provocar el quiebre de los imputados y obtener la verdad que hoy se nos niega”, expresaron, al referirse al proceso judicial. Además, advirtieron que las demoras no solo afectan el desarrollo del expediente, sino también la posibilidad de esclarecer qué ocurrió con el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

Según detallaron en el escrito, la causa caratulada como sustracción de menores ya se encuentra en una etapa avanzada, pero enfrenta obstáculos que impiden su avance. Entre ellos, mencionaron vacancias y subrogancias dentro del sistema judicial que dificultan la conformación del tribunal, lo que mantiene frenado el proceso. Para la familia, esta situación genera una parálisis que impacta directamente en la búsqueda de justicia.

Entre los puntos centrales del reclamo, pidieron: En ese contexto, los padres apelaron a la intervención del Poder Ejecutivo para destrabar la situación. En la carta solicitaron medidas concretas como cubrir vacantes judiciales, remover trabas estructurales y garantizar que el proceso avance en un plazo acotado. “El acceso a la justicia y el juzgamiento en un plazo razonable son derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales”, señalaron. A más de nueve meses de la desaparición, el caso continúa abierto y sin certezas sobre el paradero del niño.

En ese marco, la familia insiste en la necesidad de que el Estado actúe de manera coordinada y efectiva ante la gravedad del hecho. “En ese juicio está la única posibilidad real de saber qué pasó con nuestro hijo y dónde está”, afirmaron.