Lucía Blanco Gracia Nairobi, 16 may (EFE).- Los acuerdos de salud bilaterales firmados por Estados Unidos con 32 países, entre ellos 22 de África y seis de Latinoamérica, han provocado el rechazo de algunos gobiernos africanos y hecho saltar las alarmas de profesionales del sector y expertos que los tildan de "transaccionales" y "extractivos". PUBLICIDAD "Han interrumpido todo el sistema y creado uno nuevo que no complementa lo que han desmantelado", declara a EFE Catherine Kyobutungi, directora del Centro Africano de Investigación sobre Población y Salud (APHRC) en Nairobi. Kyobutungi y otros analistas destacan algunos aspectos positivos: los gobiernos recipientes tendrán más conocimiento sobre el empleo de los fondos de cooperación y se espera una "transición" para que los países acaben haciéndose cargo de su propia salud. Sin embargo, estos acuerdos incluyen también cláusulas "abusivas" sobre la entrega de datos sanitarios sensibles y muestras de patógenos, o la vinculación de financiación con un acceso preferencial a minerales críticos. Así, a finales de abril Ghana se convirtió en el último país, tras Zimbabue y Zambia, en rechazar la propuesta de EE.UU. Además, un tribunal en Kenia suspendió en diciembre un pacto que supondría una inversión estadounidense de 1.600 millones de dólares. Los acuerdos se engloban en la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero, presentada en septiembre pasado, que contempla acuerdos valorados en más de 20.600 millones de dólares (unos 17.600 millones de euros). Cerca del 40 % de esta cantidad - según la iniciativa estadounidense Think Global Health - sería aportada por los gobiernos locales en unos planes que incluyen una disminución progresiva de la inversión estadounidense en un plazo de cinco años (2026-2030). PUBLICIDAD Esto supone una reducción considerable de la ayuda total proporcionada antes de que Washington hiciera efectiva este enero su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la cual era el mayor donante individual. Entre los países africanos firmantes se encuentran Nigeria, Etiopía o la República Democrática del Congo (RDC), así como los latinoamericanos Bolivia, Guatemala o El Salvador, entre otros. Datos y minerales El intercambio de datos no es algo nuevo. Los donantes siempre han tenido acceso a información sanitaria de la población a través de programas específicos, como el Plan Presidencial de Emergencias para Alivio del Sida (PEPFAR) de EE.UU., o mediante encuestas demográficas nacionales financiadas en su mayoría por Washington. PUBLICIDAD En ambos casos, los gobiernos locales retenían cierto control sobre estos datos, mientras las muestras de patógenos necesarias para desarrollar tratamientos, vacunas o diagnósticos eran patrimonio público a través de la OMS. "Pero ahora quieren datos específicos, especialmente sobre brotes y vigilancia, y que los países establezcan un sistema paralelo solo para satisfacer sus necesidades", subraya Kyobutungi. EE.UU. exige acceso privilegiado a ese tipo de datos -por periodos de hasta 25 años-, además de obligar a algunos países a consumir únicamente productos de empresas estadounidenses. Esa exigencia contradice el Tratado de Pandemias adoptado en mayo de 2025 por los Estados miembros de la OMS, todavía incompleto. Además, los acuerdos condicionan los fondos sanitarios, en algunos casos, a un acceso preferencial de EE.UU. a minerales críticos africanos en plena competencia global por estos recursos. Así, este febrero, Zimbabue se retiró de las negociaciones, al rechazar "condiciones inaceptables" de un memorando de entendimiento que socavaba su "soberanía e independencia". La nueva política estadounidense también implica un cambio en las prioridades sanitarias. "EE.UU. está interesado en la seguridad sanitaria mundial para garantizar la seguridad de los estadounidenses, lo que implica invertir en enfermedades infecciosas", como el VIH, la malaria, la polio y, en menor medida, la tuberculosis, detalla Githinji Gitahi, director general de la ONG Amref Health África. PUBLICIDAD Una de las áreas más golpeadas por el cambio es salud sexual y reproductiva de las mujeres -incluyendo los servicios de abortos seguros- y de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales). "Si estos acuerdos no incluyen nutrición o planificación familiar, es probable que los gobiernos transfieran fondos de esas áreas a los ámbitos prioritarios para EE.UU.", alerta Gitahi. Los pactos difieren mucho en cuanto al ritmo de la desescalada de la inversión estadounidense y algunos requieren aportaciones económicas poco realistas por parte de gobiernos recipientes. Eso demuestra que "no se basan en un análisis profundo" y fueron elaborados "rápidamente", señala Conor Savoy, investigador del estadounidense Centro para el Desarrollo Global (GDC) y extrabajador de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), desmantelada en 2025 por el presidente Donald Trump. PUBLICIDAD Para Savoy, los acuerdos evidencian que "los cargos políticos de la Administración Trump tienen muy poca experiencia en desarrollo y salud global". EFE