El gobernador Martín Llaryora tomó la decisión política de impulsar una ley que prohíba la actividad de los "naranjitas" ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia de Córdoba. La medida fue resuelta el viernes pasado en una reunión en el Centro Cívico, pero recién fue comunicada oficialmente este domingo —con casi 48 horas de demora— a través de las redes sociales del propio gobernador. La iniciativa llega días después de que un oficial de la Policía terminara baleado por una disputa entre dos cuidacoches por el control del espacio público.

La ley, en los hechos, está pensada para la ciudad de Córdoba. Es una respuesta directa a la presión del intendente Daniel Passerini, que enfrenta la problemática con escasas herramientas legales: la Policía y el municipio capitalino carecen hoy de un marco normativo claro que habilite la acción preventiva contra cuidacoches ilegales y limpiavidrios. La nueva norma busca subsanar ese vacío.

Pero al extenderse formalmente a toda la provincia, genera incomodidad en varios intendentes del interior, que no reconocen el problema en sus ciudades —incluso en las turísticas— y ven en la iniciativa una solución capitalina impuesta como política provincial. De este modo, el Gobierno provincial busca compatibilizar la regulación con la autonomía municipal, uno de los ejes que el propio Llaryora destacó como central en el diseño de la iniciativa. La medida apunta a evitar zonas grises en la actividad y a establecer reglas claras para su funcionamiento.

El esquema: municipios como eje de la regulación La propuesta no establece una prohibición uniforme y centralizada, sino que delega en cada municipio la potestad de autorizar o no la actividad. "Serán los municipios quienes definan si autorizan o no la actividad de los naranjitas en sus jurisdicciones", expresó Llaryora a través de la red X. Donde la actividad sea habilitada, los gobiernos locales deberán implementar "un sistema formal de registro, identificación y control". Desde el Gobierno provincial adelantaron que se evalúa el uso de códigos QR para verificar que los cuidacoches estén debidamente registrados.

En los municipios que no otorguen autorización, la actividad quedará prohibida de manera expresa y la Policía podrá actuar "preventivamente". La única excepción contemplada es para quienes operen bajo algún esquema de registración: "Buscamos que quienes cuiden autos en las zonas habilitadas lo hagan de manera registrada y con una tarifa prefijada de antemano o que sólo sean controladores del estacionamiento", indicaron fuentes del Panal. Respaldo institucional ampliado La foto de la reunión del viernes reunió a los principales actores del esquema político-institucional provincial: la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Passerini, el presidente provisorio de la Unicameral Juan Manuel Llamosas, el ministro Daniel Pastore, el presidente del bloque oficialista Facundo Torres, y el secretario de Seguridad Juan Manuel Araoz.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros participó del encuentro pero no estuvo presente en la fotografía oficial. La convocatoria amplia buscó darle a la medida un respaldo político y legislativo sólido, con especial foco en la capital cordobesa. El trámite legislativo El proyecto aún no tiene texto redactado, pero el oficialismo ya trazó su hoja de ruta. "En la Legislatura hay varios proyectos presentados al respecto.

Sobre la base de alguno de esas iniciativas, incorporaremos lo que creemos que tiene que tener la normativa", señaló una alta fuente del Panal a La Voz. La intención del Gobierno es tratar la iniciativa "durante abril y lo más rápido posible", según pudo saber este medio. La normativa provincial funcionaría como marco general para ser replicada por los municipios en sus respectivas jurisdicciones.

El componente social: reinserción laboral El Gobierno provincial fue explícito en señalar que la prohibición no es una medida aislada. Llaryora anunció que se avanzará en "programas de reinserción laboral, con acompañamiento de la Provincia a los municipios que los implementen", con el objetivo de generar "oportunidades concretas para quienes hoy desarrollan estas actividades". En el caso de los limpiavidrios, la problemática es considerada casi exclusiva de la ciudad de Córdoba.

El gobernador comprometió ayuda económica a los municipios que tomen medidas para retirarlos de las calles. "No pueden estar en las calles. Son un peligro en la vía pública. Los vamos a ayudar", afirmó una fuente oficial.

Desde el entorno del gobernador también diferenciaron entre quienes ejercen la actividad de manera irregular y quienes la realizan con trayectoria y reconocimiento social: "Esta normativa es para sacar a los ilegales, que son los que generan violencia", señalaron. Antecedentes y resistencias No es la primera vez que el oficialismo intenta ordenar esta problemática. A finales de 2025 se impulsó una iniciativa similar a través de la modificación del Código de Convivencia, que encontró el rechazo de varios sectores, incluyendo una severa crítica del arzobispo Ángel Rossi.

Esta vez, la estrategia es distinta: el Ejecutivo apunta a una ley específica con anclaje constitucional en la autonomía municipal, lo que le daría mayor respaldo jurídico y político a la normativa. "Han tomado la calle con violencia. A eso no lo podemos permitir", resumió uno de los ministros consultados. La Legislatura deberá plasmar en texto lo que por ahora es una decisión política.

El oficialismo aspira a tener la ley aprobada antes de que finalice abril.