El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que impulsará un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la actividad de «naranjitas» y limpiavidrios en todo el territorio provincial. La decisión se tomó luego de un encuentro de trabajo que el mandatario mantuvo con la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente de la capital, Daniel Passerini; ministros y referentes legislativos del oficialismo. Según lo expresado por el propio Llaryora, la meta es «ordenar el uso del espacio público con reglas precisas».

Cabe recordar que esta iniciativa legislativa había sido postergada y «cajoneada» a finales de diciembre pasado. En aquel momento, la fuerte oposición manifestada por la Iglesia Católica y otros actores sociales obligó a las autoridades a dilatar su tratamiento para abrir instancias de diálogo que, hasta el momento, no habían prosperado en una normativa concreta. Mantuvimos una reunión de trabajo con la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente Daniel Passerini, el presidente provisorio de la Unicameral y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; los ministros Juan Pablo Quinteros y Daniel… pic.twitter.com/FvhZoKmMgL — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 29, 2026 Autonomía y reinserción laboral Pese al carácter provincial de la futura normativa, el Gobernador aclaró que se respetará la potestad de cada municipio para regular su propia jurisdicción.

De este modo, cada localidad tendrá la facultad de decidir si convalida o no la presencia de los trabajadores informales en sus calles. En aquellos distritos donde se permita la actividad, las autoridades locales estarán obligadas a implementar un riguroso sistema de empadronamiento, identificación y control. En contrapartida, en los lugares donde no exista un permiso formal, la tarea quedará terminantemente prohibida.

Asimismo, la Provincia prometió financiar programas de inclusión laboral para quienes abandonen la vía pública. El ataque que aceleró los tiempos El detonante que modificó el escenario político ocurrió el pasado martes por la noche en barrio Parque Capital. El comisario Rubén Brandán, de 44 años, intervino de civil para dispersar una riña entre cuidacoches que disputaban el control territorial en la avenida Fuerza Aérea.

En medio del altercado, uno de los agresores le arrebató el arma reglamentaria y le efectuó un disparo en el tórax. Como consecuencia del impacto, el jefe policial permanece internado en estado reservado en el Hospital de Urgencias con una lesión pulmonar. Por el hecho, la Policía detuvo a dos hermanos de 36 y 44 años con antecedentes delictivos, mientras se busca a un tercer involucrado.

Ante la gravedad de lo sucedido, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, calificó la problemática de los cuidacoches informales como un asunto de alta peligrosidad vinculado a la disputa de territorio y la ausencia estatal. La resistencia de la Iglesia y los proyectos alternativos Por su parte, la Iglesia Católica mantiene su postura de que la problemática no puede resolverse únicamente mediante la vía punitiva. En declaraciones previas, el vocero del Arzobispado, Munir Bracco, cuestionó los tratamientos «express» de estas leyes y remarcó que «no todos los ‘naranjitas’ son delincuentes».

Desde la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres defienden la necesidad de un marco regulatorio que incluya un censo, identificación adecuada y programas de asistencia social. En una sintonía similar, el legislador radical Dante Rossi elaboró en febrero junto a la Iglesia una propuesta alternativa que sugiere declarar la emergencia en materia de estacionamiento por un plazo de ocho meses. Este proyecto opositor plantea un empadronamiento urgente y la entrega de permisos provisorios en zonas específicas, combinados con capacitaciones y programas de inserción laboral para evitar salidas represivas.

Por otro lado, el el legislador Gregorio Hernández Maqueda el pasado viernes se pronunció en contra de los naranjitas nuevamente. Además, lamentó que hayan rechazado su propuesta: «Nosotros anticipamos que la situación de la violencia callejera, la criminalidad y la delincuencia estaba desatada en la Provincia de Córdoba; y sin embargo, nuestras máximas autoridades (el gobernador, el intendente y el ministro de Seguridad) rechazaron nuestro proyecto de ley«. En ese marco, el aliado liberal estuvo en el Buen Pastor juntando firmas en contra de los cuidacoches.

En comunicación con este medio dijo lo siguiente: