La Libertad Avanza decidió meterse en uno de los nervios más sensibles de la política territorial porteña: las 15 comunas que tienen 105 dirigentes rentados. Con un proyecto firmado por Pilar Ramírez, la legisladora que responde directamente a Karina Milei y preside La Libertad Avanza en la Ciudad, el bloque libertario propone modificar la Ley 1.777 y cambiar de raíz el esquema de remuneraciones de los comuneros. La discusión vuelve a ponerse de relieve: ya en la Ciudad en 2024 el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había pensado en impulsar una modificación a la ley para que se achique el oneroso gasto en salarios de 105 comuneros.

Cada una de las 15 Comunas está gobernada por una Junta Comunal de siete miembros elegidos por voto popular. Según los números que difundió LLA esta semana ese esquema cuesta más de $5.300 millones al año en sueldos (cobre el 60% de lo que cobra un diputado de la Ciudad). La propuesta libertaria plantea que solo cobren los 15 presidentes comunales, mientras que los otros 90 integrantes pasen a cumplir tareas de asesoramiento ad honorem.

El ahorro estimado ronda los $380 millones por mes. El proyecto no elimina las comunas ni reduce formalmente la cantidad de miembros. Eso requeriría una reforma constitucional, una idea que había tenido en su cabeza el jefe de Gobierno pero que finalmente decidió dejar para más adelante.

También prohíbe adicionales remuneratorios y establece controles electrónicos de asistencia. El argumento libertario es simple: terminar con cargos pagos sin funciones ejecutivas claras. Pero el debate no empezó ahora.

Como contó PERFIL en noviembre de 2024, Jorge Macri ya había analizado una reforma más amplia para achicar estructuras y podar alrededor de $3.600 millones, en ese entonces, vinculados al costo de los comuneros. En el PRO incluso se evaluó que el problema de fondo podía requerir una discusión constitucional, porque las comunas están previstas en la Constitución porteña como unidades de gestión política y administrativa. Los votos no estaban para ello.

Las Comunas, cuya creación se dio en la Constitución porteña de 1996 pero recién comenzaron a funcionar más de 10 años después, en teoría, fueron creadas para descentralizar la gestión, acercar decisiones al vecino, intervenir en mantenimiento urbano, espacios verdes, veredas, participación ciudadana y control territorial. En la práctica, muchas veces quedaron atrapadas entre dos mundos: demasiado políticas para ser simples ventanillas vecinales, pero con poco poder real frente al Ejecutivo porteño. Hoy muchos de los dirigentes que son comuneros actúan como parte de la fuerza territorial, en especial del PRO, y son parte de un engranaje político.

De hecho, los presidentes comunales suelen reunirse de manera asidua con el secretario de Gobierno y Vinculación Ciudadana, Ezequiel Sabor, quien les abrió las puertas de su ministerio cuando asumió en lugar de César “el Tuta” Torres, quien fue desplazado tras los magros resultados de mayo de 2025 en las legislativas.