La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, acudió este miércoles a Diputados a defender el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional en el plenario de comisiones. Rechazó la posibilidad de dividir la iniciativa en distintos textos, como pidió la oposición para votarla, y aseguró que el Ejecutivo evalúa incorporar un artículo que imponga la creación de una Bicameral de control y seguimiento en el Congreso. Como contó Clarín, desde Unión por la Patria le pidieron al oficialismo dividir el proyecto para lograr consenso y votarlo en conjunto.

El peronismo está dispuesto a aprobar el primer título (los primeros 40 artículos) que entre otras cosas, endurecen las sanciones para quienes violen la explotación de hidrocarburos y recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina. Pero rechazan el resto del contenido o exigen discutirlo aparte y en otro momento. Sin embargo, Ibarzabal Murphy rechazó esa opción: "Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto.

Para poder defender las Islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes, sino también que el Estado y nosotros como argentinos tengamos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra". Ibarzabal defendió la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estaría presidido por el Presidente, y negó que implique una delegación de facultades del Congreso o que vaya a concentrar todo el poder. "Se mantiene la especialidad y autonomía funcional de los organismos ya existentes. El Consejo los coordinará bajo un mismo lineamiento", especificó.

De todas maneras, aseguró que para mayor comunicación con el Poder Legislativo están "estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento de seguridad nacional que va a poder pedir información y el Ejecutivo tendrá la obligación de mantener esa interlocución fluida". Un punto que la oposición no toma como un anuncio contundente. Recuerdan la frase atribuida a Perón que dice que "si querés que algo no funcione, creá una comisión".

Por otra parte, Ibarzabal se mostró abierta a hacer cambios en uno de los artículos que más críticas despertó en la oposición y en las asociaciones periodísticas porque podría limitar la libertad de expresión. Se trata del artículo 111 del Capítulo VI, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. "No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa. No tiene nada que ver.

Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas", afirmó. urante el debate, el diputado del MID Eduardo Falcone alertó puntualmente por el tema de que no se requiera habilitación del Congreso para acciones militares. "Creo que ante una situación bélica debe actuar el Congreso para autorizarla (o no) tal como prevé la Constitución Nacional", sentenció. Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica exigió la presencia de otros funcionarios. "Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave. Vuelvo a reclamarle y solicitarle que se debe disponer la presencia del canciller Quirno y del ministro de defensa, el general Presti, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores que están directamente involucrados en la materia de lo que hoy estamos debatiendo.” "Quieren defender al país de la influencia extranjera pero coordinen con (Luis) Caputo que está propulsando lo contrario con la venta de ciudadanía a extranjeros", se quejó Agustín Rossi de Unión por la Patria.

Otros puntos del proyecto El primer capítulo de la norma deroga la Ley 26.659 y establece un nuevo régimen de sanciones para actividades realizadas sin autorización argentina sobre recursos renovables o no renovables, incluyendo potencialmente la pesca. Las sanciones alcanzan también a quienes faciliten o participen en esas actividades e incluyen multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales. Además, se prevé un mecanismo de regularización para quienes actualmente desarrollen actividades prohibidas y se designa al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación.

A su vez, modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) para prohibir a extranjeros sin residencia permanente y a empresas extranjeras financiar o participar en campañas y propaganda electoral. Por otra parte, se crea un nuevo sistema y Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con una concepción amplia de seguridad que incluye soberanía, economía, política exterior, inteligencia, infraestructura y ciberespacio. La oposición cuestiona una posible concentración de facultades extraordinarias, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y una eventual persecución política.

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