El trasfondo del debate por la nueva ley que reforma el Código Procesal Penal no es solo jurídico. La ley lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023 en manos de otro menor, cuyo caso expuso falencias en la contención a las víctimas. En la comisión de Seguridad, el testimonio de sus padres aportó una dimensión humana que atravesó la discusión. “Nos tocó esto.

No nos quedamos en el por qué como papás. Nos tomó un tiempo. Y pensamos en el para qué”, dijo Mariela Flores, la mamá de Joaquín, al emprender su lucha por la nueva ley. “La voz nuestra como víctimas es la de muchos papás, tanto en Córdoba como en el país, que pasan por la misma situación de que quedan con esta vulnerabilidad.

No se nos escucha. ¿Por qué nos niegan tal derecho si no va en detrimento de los derechos del victimario?”, afirmó al brindar su testimonio ante los legisladores y el pedido de que se apruebe la norma que llevará el nombre de su hijo. El relato sobre abandono estatal reforzó la presión para que la norma tenga impacto real. “No puede ser solo declarativa”, repiten oficialistas y opositores.

Ese contexto explica el tono del debate, pero el apoyo está garantizado. Mientras la oposición insiste en que “la política llega tarde” y exige garantías concretas, el oficialismo busca capitalizar el diálogo y la construcción técnica de una norma compleja. En ese equilibrio se inscribe la posición del presidente de la comisión, Juan Manuel Llamosas, quien ordena el debate sobre un eje central: construir una ley con amplio consenso que ponga a la víctima en el centro del proceso sin alterar las garantías del sistema penal. “El objetivo es que la víctima tenga voz en todas las etapas, que sea escuchada y que cuente con herramientas concretas”, planteó.

En esa línea, el oficialismo impulsa un esquema en el que la víctima o sus familiares pueda participar activamente, aportar pruebas y ser oída en las distintas instancias. Si bien su opinión no será vinculante —para resguardar el derecho de defensa—, la apuesta es que esa intervención sea obligatoria dentro del proceso judicial, corrigiendo una asimetría histórica. La víctima en el centro Llamosas también puso el acento en el enfoque integral del proyecto.

La iniciativa no se limita a lo procesal, sino que incorpora un sistema de acompañamiento con asistencia psicológica, jurídica y social, con el objetivo de que las víctimas no solo tengan derechos formales, sino también contención efectiva en momentos críticos. Otro elemento clave es el rol de los familiares de víctimas. El testimonio de la familia Sperani, en particular, funcionó como un punto de inflexión: transformó el reclamo en motor político y aceleró la construcción de consensos. “Ese aporte le da sentido a la ley”, admitieron en el oficialismo.

Ante los legisladores, la mamá de Joaquín renovó el pedido de cambiar el artículo 91 del actual código. “Toda persona tiene derecho a constituirse como querellante”, incluso en los casos que intervienen menores, aportó. El proyecto contempla esa modificación en su artículo 14. “Esta facultad se extiende a las víctimas de hechos cometidos por personas menores de edad, incluso si resultan inimputables o no punibles (…)”, reza el nuevo texto. Aunque hubo cierta presión judicial, al punto tal de hablarse de “inconstitucionalidad”, el Ejecutivo dejó en claro que mantiene firme su postura respecto a este cambio clave de la iniciativa.

Con ese marco, la “Ley Joaquín” avanza hacia su tramo final en comisión. Hay acuerdo en el objetivo —fortalecer los derechos de las víctimas—, pero persisten algunas diferencias, aunque no de fondo, en tres frentes: discrecionalidad judicial, rol de la víctima y alcance del sistema de asistencia. La hoja de ruta es clara: cerrar un despacho que llegue al recinto el 20 de mayo con el mayor acuerdo posible.

El desafío, en palabras del oficialismo, será sancionar una ley “superadora”, que no solo reconozca derechos, sino que logre hacerlos efectivos sin desbalancear el sistema penal.