El proyecto de “Ley Joaquín” entró en su tramo decisivo en la Legislatura y se encamina a un despacho con alto nivel de consenso, en medio de una negociación política para definir la letra chica del texto final. En ese escenario, emergen dos planteos claves: cómo garantizar en la práctica los derechos de las víctimas y hasta dónde avanzar sin alterar el equilibrio del proceso penal. El clima en la comisión de Seguridad que preside Juan Manuel Llamosas muestra una señal nítida: no hay bloqueo político.

Incluso los halcones del juecismo y la UCR anticiparon su respaldo en general. “Es una ley necesaria y la vamos a acompañar”, dijo Walter Nostrala, aunque marcó diferencias al advertir que “Córdoba llega tarde”, en línea con Alejandra Ferrero, quien recordó que pasaron nueve años desde la ley nacional, tres desde el crimen de Joaquín Sperani y dos desde intentos de adhesión. La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, propone crear un Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, lo que implica actualizar el Código Procesal Penal vigente desde 1991. Se trata de una reforma de alto voltaje técnico que apunta a un cambio de paradigma: poner a la víctima en el centro del proceso sin romper la estructura acusatoria ni afectar garantías del imputado.

Desde el PJ insisten en ese equilibrio. La reforma no busca “privilegiar” a la víctima, sino corregir una asimetría histórica. En ese marco, se amplían derechos —información, participación, posibilidad de ser oída, aportar pruebas y recurrir—, pero se mantiene un principio clave: las decisiones judiciales seguirán basándose en pruebas y no en opiniones. “El objetivo es que la víctima tenga voz en todas las etapas del proceso, que sea escuchada y que cuente con herramientas concretas de contención”, afirmó el presidente de la comisión.

Subrayó además que el proyecto incorpora un enfoque integral, con asistencia psicológica, jurídica y social, y confirmó que se trabaja sobre los aportes de todos los bloques para alcanzar el mayor consenso. Ese método —con devolución de propuestas y apertura al diálogo—, a cargo de LLamosas y de Pablo Sánchez Latorre, funcionario del Ministerio de Justicia, permitió incorporar parte de los planteos opositores, aunque con límites: se aceptan mejoras técnicas, pero se filtran cambios que puedan desarticular el sistema penal. Discrecionalidad Desde la UCR, Ferrero pidió acotar los márgenes de decisión de fiscales, especialmente cuando no se notifica a la víctima. “Tiene que haber criterios más taxativos y limitarse a delitos menores”, sostuvo.

Parte de ese planteo fue receptado, sostienen desde el PJ. Otro eje de debate es el rol de la víctima en salidas alternativas al juicio, como la suspensión del juicio a prueba o los acuerdos abreviados, que hoy explican cerca del 80% de las resoluciones penales. Ferrero cuestionó que su opinión no sea vinculante y propuso que, en casos graves, su desacuerdo obligue a ir a juicio.

Ese planteo abre una discusión de fondo: reforzar el protagonismo de la víctima podría impactar en la dinámica del sistema judicial, reduciendo herramientas clave para descomprimir causas. En el oficialismo reconocen la tensión, pero sostienen que la participación está garantizada, aunque sin carácter vinculante para no afectar el debido proceso. En esa línea, fuentes técnicas explican que el proyecto distingue entre el derecho a estar informado —ser notificado de cada instancia— y el derecho a ser oído —participar en audiencias—, además de incorporar la posibilidad de aportar pruebas y recurrir decisiones.

Asimismo, la víctima tiene derecho a obtener reparación integral. Fondo y red territorial Más allá de la discusión procesal, la oposición puso el foco en la implementación. El juecismo impulsa un fondo específico para garantizar la asistencia integral a las víctimas, junto con una red descentralizada de atención en la provincia.

También se suman propuestas para fortalecer la estructura institucional, como defensores especializados en víctimas en cada circunscripción y mayor acompañamiento en los dispositivos administrativos. En el oficialismo reconocen que esos planteos están en análisis. Destacan que ya existe un área de asistencia a la víctima dentro del Ministerio de Justicia, pero admiten el desafío de escalar ese esquema para lograr alcance real en toda la provincia.

Penal juvenil y violencia institucional En paralelo, la radical Brenda Austin introdujo dos ejes que abren una discusión más fina. Por un lado, propuso extender el régimen al fuero penal juvenil, punto no contemplado en el proyecto original, pero con acuerdo en principio. Por otro, pidió incorporar un régimen específico para víctimas de violencia institucional.

Sánchez Latorre reconoció el planteo, aunque sostuvo que el proyecto ya incluye herramientas para abordarlo y que “la justicia ya tiene su propio protocolo de violencia institucional”. En particular, destacó el estándar de “debida diligencia” —una tutela reforzada— en su artículo 3, que obliga a fiscales y jueces a actuar con mayor intensidad en casos sensibles. Según explicó, permitiría cubrir situaciones de violencia institucional sin crear un régimen paralelo, aunque el PJ no descartan ajustes.

En este marco, la “Ley Joaquín” avanza hacia su tramo final en comisión. Hay consenso en el objetivo —fortalecer los derechos de las víctimas—, pero persisten diferencias, aunque no de fondo. La hoja de ruta del PJ es clara: cerrar un despacho que llegue al recinto el 20 de mayo con el mayor acuerdo posible.

El desafío será traducir ese consenso en una ley que no solo reconozca derechos, sino que logre hacerlos efectivos sin desbalancear el sistema penal.