El proyecto que recibió el nombre de "Ley Fede" consiguió un respaldo político transversal en la Unicameral y dejó al oficialismo frente a un reclamo que cobró mayor volumen político. Legisladores de todos los espacios de la oposición firmaron como coautores la iniciativa impulsada por Nancy Almada (Frente Cívico), mientras concejos deliberantes de municipios y comunas del interior aprobaron resoluciones para reclamar su tratamiento. La avanzada opositora busca romper el cerrojo parlamentario que mantiene frenada la iniciativa destinada a establecer un marco integral de atención para personas con Condición del Espectro Autista (CEA).

De este modo, el arco opositor demanda que el oficialismo deje de cajonear el expediente, convoque a las comisiones que corresponden y habilite el debate para que el proyecto llegue al recinto. El reclamo se produce después de que la Comisión de Discapacidad apenas concretara dos reuniones y pese a los pedidos formales para que también sea convocada la Comisión de Salud. Las solicitudes fueron realizadas por distintas vías institucionales, pero hasta ahora no hubo respuesta, advirtió el juecismo.

Con lo cual, el expediente quedó atrapado en una discusión que excede el contenido de la iniciativa y se transformó en una pulseada política en la dinámica legislativa que controla la bancada peronista. Una oposición que cerró filas El dato político es que el proyecto dejó de ser una iniciativa exclusivamente juecista. La totalidad de los bloques opositores decidió acompañarlo y asumirlo como propio, en una señal de respaldo transversal que incluye a legisladores de distintos espacios y que busca elevar el costo político de una eventual nueva demora.

Asimismo, el proyecto cuenta con el acompañamiento de familias autoconvocadas, personas dentro del espectro, fundaciones, docentes de apoyo a la inclusión y profesionales de la salud, que participaron de la discusión y de las modificaciones incorporadas al texto final. En ese proceso se construyó el articulado definitivo que la oposición fogonea para avanzar en el abordaje en comisiones. La intención de sus impulsores es que el debate parlamentario se produzca sobre una iniciativa que recoge las demandas planteadas durante el trabajo territorial y no sobre un proyecto cerrado entre legisladores.

Para Almada, el problema ya no pasa solamente por discutir el contenido de la ley, sino por lograr que la Legislatura abra finalmente el debate. «La dilatación de este debate es la misma desidia institucional y el mismo cajoneo que le costó la vida a Fede. Su muerte ocurrió en un sistema que no supo cómo abordarlo, cómo mirarlo ni cómo contenerlo. Hoy toda la oposición, los intendentes, las familias y las fundaciones estamos exigiendo lo mismo.

Frente a este silencio oficialista que duele, la pregunta es inevitable: ¿qué están esperando para debatir, otra muerte más?», cuestionó la juecista. Del territorio a la Legislatura El texto definitivo incorpora modificaciones surgidas del trabajo con las familias y de la experiencia de personas dentro del espectro. El objetivo declarado es utilizar estructuras que ya existen dentro del Estado provincial para evitar la creación de nuevas burocracias y dar respuestas concretas ante situaciones que hoy terminan resolviéndose de manera fragmentada.

Entre los principales cambios aparece la prohibición de internar a personas con CEA en neuropsiquiátricos tradicionales, bajo el argumento de que esos ámbitos pueden agravar las crisis sensoriales. El proyecto propone, en paralelo, la creación de un Equipo Móvil de Crisis 24/7, dependiente del Ministerio de Salud, para intervenir en los domicilios y evitar que situaciones de crisis deriven en traslados traumáticos o intervenciones policiales. Otro de los ejes es el alivio para los cuidadores.

La iniciativa contempla un cuidador remunerado para familiares que debieron abandonar el trabajo formal para asumir tareas de cuidado, con inclusión previsional, además de un sistema de respiro mediante el uso de escuelas a contraturno y residencias de la SENAF. La propuesta también establece una vía rápida de 30 días para la asignación de prestaciones y maestras integradoras. A través de una plataforma digital en CiDi, el Estado deberá resolver los pedidos dentro de ese plazo; de no hacerlo, las prestaciones se otorgarían provisoriamente de manera automática bajo responsabilidad del funcionario interviniente.

El proyecto incorpora además cobertura continua de pañales y medicación a través de APROSS y PROSAD, y establece que las prestaciones no podrán quedar condicionadas a demoras de programas nacionales. Seguridad, educación y Justicia La Ley Fede también busca trasladar el concepto de inclusión a ámbitos que exceden la salud. En materia de seguridad vial, reconoce el Cordón de Girasoles y el Carnet Provincial CEA, además de crear una oblea vehicular oficial para facilitar la identificación de personas con CEA ante controles, accidentes o situaciones de emergencia.

En el ámbito educativo, establece una ponderación prioritaria para docentes capacitados en inclusión y prevé que esa formación tenga incidencia en ascensos dentro del Estado y la Policía. Asimismo, crea la figura del Facilitador de Asistencia Policial y Judicial, especializado en neurodiversidad, para intervenir en comisarías y acompañar procedimientos judiciales con lenguaje claro y herramientas destinadas a evitar la revictimización. La iniciativa contempla también sanciones para comercios y entidades privadas que nieguen atención adaptada o trato preferencial, y propone una línea de créditos a tasa cero del Bancor para realizar reformas de seguridad en viviendas, como insonorización, vidrios inastillables y paredes de alto impacto.

El cierre del proyecto apunta al financiamiento en el presupuesto provincial. Establece la obligación de asignar partidas presupuestarias específicas y dispone que la falta de reglamentación dentro de los 90 días no impedirá la aplicación de los artículos operativos. Que llegue al recinto Con el texto definitivo presentado, el escenario queda planteado en términos eminentemente políticos.

La oposición consiguió cerrar filas detrás de la Ley Fede y trasladó el reclamo desde las familias y las organizaciones para que llegue al recinto legislativo. Por su parte, el oficialismo tiene ahora la llave para destrabar el expediente. La convocatoria de Salud y el avance de las comisiones serán la primera prueba para determinar si la Legislatura acelera la discusión o si el proyecto continúa en punto muerto.

El juecismo, junto al resto de la oposición, ya fijó posición: el momento del debate no puede seguir postergándose. La discusión dejó de ser solamente sobre una ley para personas con CEA. También pasó a ser una pulseada por el funcionamiento de la Unicameral y por la decisión política de ponerle fin —o no— al cajoneo oficialista.