“Esta decisión permite que esa situación continúe”, afirmó al cuestionar el plazo establecido por el magistrado. La presentación judicial busca dejar en suspenso los efectos del DNU mientras se analiza la cuestión de fondo vinculada con la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. Por el momento, el decreto continúa vigente.

La situación podría modificarse una vez que el Gobierno presente su respuesta y el juez determine si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada. La advertencia por la situación institucional Pichetto calificó el escenario como de “gravedad institucional” y expresó reparos sobre el futuro de su planteo judicial. En ese sentido, sostuvo que la decisión de no disponer la suspensión preventiva “es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”.

La causa continuará ahora con el traslado al Gobierno, que tendrá cinco días hábiles para responder. Luego de esa instancia, el juez Alonso Regueira deberá definir si corresponde avanzar con la medida cautelar solicitada contra el DNU 70/30. Antecedente judicial sobre la Ley de Tierras Hace una semana, la Corte Suprema rechazó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 y revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional esa disposición.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso presentado por el Estado Nacional, aunque no se pronunciaron sobre la constitucionalidad del decreto, sino sobre la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había iniciado el amparo. La Ley 26.737 establecía límites para la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.