El ingeniero agrónomo, Alejo Ladaga, conversó con Canal E y aseguró que la actual legislación argentina quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos y genéticos del sector agropecuario. Alejo Ladaga explicó que el trabajo presentado busca abrir el debate sobre una nueva normativa para semillas en Argentina y sostuvo que, “la 24.472 es una ley bastante vieja que merece, con todos los avances que ha habido en el campo del mejoramiento genético y la propiedad intelectual, una actualización”. Otras reformas fueron implementadas sin éxito Además, recordó que en 2018 existió un intento concreto de reforma: “Es un tema complejo porque son muchos los actores que están de alguna manera incluidos en una ley de semillas o en el comercio de las semillas”.

Uno de los principales puntos fue el denominado “uso propio”, es decir, la posibilidad de que un productor conserve semillas de una campaña para volver a sembrarlas. En este contexto, Ladaga explicó: “El tema del uso propio, que es un derecho o una obligación, depende de dónde se lo mire, es la posibilidad del productor de poder multiplicar su propia semilla”. El compromiso con el productor agropecuario En ese sentido, detalló que el desafío es equilibrar ese derecho con la propiedad intelectual de quienes desarrollan genética vegetal: “Lo que nosotros tratamos es de congeniar el derecho del productor a guardar esa semilla y poderla multiplicar y respetar el uso propio, lo que llamamos nosotros el uso propio oneroso, que es reconocer unas regalías por el pago en la utilización de ese germoplasma”.

El entrevistado remarcó que uno de los principales problemas es la falta de controles efectivos. “La realidad es que el Inace durante muchos años no ha cumplido con la función que le corresponde de controlar el comercio de semillas”, afirmó. Y agregó: “Eso ha provocado que se haya desvirtuado mucho y que hoy en día no se pague lo que corresponde por derechos de propiedad”. También analizó la propuesta impulsada por la Secretaría de Agricultura para reforzar controles sin modificar la ley vigente.

Según explicó, el sistema prevé que actores privados realicen verificaciones en los primeros puntos de entrega de granos. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades del esquema: “Los molinos dijeron que ellos no querían asumir esa responsabilidad de poder de policía. Algunos acopios tampoco”.