El censo de españoles residentes en el extranjero ha sumado más de 408.000 electores desde las generales de 2023, y el Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar el voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten que sus familiares sufrieron exilio. La ley de nietos se aprobó como una medida de reparación para los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse. Cuatro años después, lo que se discute es el censo electoral.

Más de medio millón de personas han obtenido la nacionalidad española por esta vía, y una parte de ellas ya estaba en las listas para votar en las próximas generales. Desde el 8 de septiembre, ese voto está en pausa. El Tribunal Supremo suspendió ese día las inscripciones en el censo de residentes ausentes de quienes se nacionalizaron por esta vía, mientras examina si la interpretación que hizo el Gobierno de la norma se ajusta a lo que dice la propia ley.

Qué es la ley de nietos y por qué ha llegado al Supremo La llamada ley de nietos es, en realidad, una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Abría la nacionalidad a los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido español de origen y hubiera renunciado a la nacionalidad tras exiliarse por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual. También incluía a los hijos de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

El plazo para pedirla terminó en octubre de 2025. Entre los expedientes presentados y las citas previas pendientes de estudio, casi 2,5 millones de personas habían solicitado la nacionalidad. El Gobierno calcula que casi la mitad de esas peticiones se presentaron en Argentina.

El conflicto gira en torno a una instrucción del Ministerio de Justicia. Se aprobó pocos días después de que la ley entrara en vigor y dio por exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Iustitia Europa, un partido sin representación parlamentaria, sostiene que esa presunción abrió la nacionalidad a cualquier descendiente de españoles, sin importar por qué salió su familia.

Quienes defienden la norma recuerdan que la misma presunción ya se aplicó con la Ley de Memoria Histórica, en 2008, sin ninguna polémica. En julio, la Junta Electoral Central rechazó suspender el censo porque consideró que no le correspondía evaluar las nacionalidades concedidas. Aun así, cuatro de sus vocales firmaron un voto particular en el cual dejaron constancia de que la mayoría de los miembros observaba en la instrucción disposiciones contrarias a la ley.

Qué ha decidido el Supremo sobre el voto CERA El Supremo aceptó las medidas cautelares que pedían Vox e Iustitia Europa. La decisión distingue dos situaciones. Quienes ya figuraban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pierden los efectos electorales de su inscripción para cualquier elección que se convoque hasta que haya sentencia.

Quienes tenían el expediente en trámite pueden terminarlo, pero su inscripción quedará suspendida en cuanto concluya. Hay una salida. La suspensión no se aplica si el registro consular certifica que el ascendiente sufrió exilio por las razones que recoge la ley y perdió o renunció a la nacionalidad.

La nacionalidad no está en cuestión, solo la posibilidad de votar. José Cohen, abogado del despacho Cohen y Cohen, insiste en ese matiz. Quien se nacionalizó por la ley de nietos sigue siendo español a todos los efectos: conserva su pasaporte y puede transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Lo que el auto deja en suspenso es el voto, y ahí, a su juicio, aparece el problema. En la práctica, explica, hay "españoles de primera y de segunda a efectos electorales", una situación que, según él, "jurídicamente es muy delicado". El tribunal justifica la medida por el tamaño del salto.

A 1 de julio de 2026, el CERA tenía 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 de las generales de 2023. Los magistrados ven en ese aumento un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad del proceso electoral. Esa cifra no permite medir por sí sola el efecto de la ley de nietos.

El censo exterior también crece por nacimientos, cambios de residencia y otras vías de nacionalización. La Abogacía del Estado defendió ante el tribunal que la suspensión vulneraría el derecho fundamental al voto. Cohen no se atreve a poner fecha a la sentencia. "Sinceramente, no lo sé, y nadie puede asegurarlo", admite.

Un procedimiento así ante el Supremo suele durar más de un año, así que lo más probable, a su juicio, es que la medida cautelar siga vigente. Ahora mismo, explica, la vía principal es el recurso de la Abogacía del Estado contra el auto. Cuando haya sentencia, quien considere vulnerado su derecho al voto podrá pedir amparo al Tribunal Constitucional y, después, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a elecciones libres.

Ese último tribunal, advierte, resuelve en plazos de años. Cómo se sabrá quién puede votar El Supremo ordenó que la Oficina del Censo Electoral separe las inscripciones que acreditan el exilio directamente de las que se tramitaron con la presunción de la instrucción de 2022. Pidió que ese informe esté listo en un plazo máximo de 15 días.

La Junta Electoral Central trasladó el requerimiento a la Oficina del Censo a mediados de septiembre. Con la nacionalidad se puede votar en generales, autonómicas y europeas. Quien no reside en España queda fuera de las municipales.

Los datos del voto exterior ayudan a poner tamaño a la discusión. En las generales de 2023 votó el 9% del CERA: unas 208.000 personas de un censo de 2,3 millones. En 2019 la participación había sido del 6,85%, antes de que la reforma de 2022 eliminara el voto rogado.

En total, el voto desde el extranjero supuso el 0,8% de todas las papeletas. Si los 408.000 nuevos inscritos votaran en la misma proporción, sumarían unas 37.000 papeletas repartidas entre 52 circunscripciones. Probablemente serían menos.

Según recoge el diario Ara, la participación es todavía más baja entre quienes nunca han vivido en España. Cohen recuerda que no hay una cifra oficial. Con los datos oficiales y periodísticos disponibles, calcula unas 369.000 nacionalidades inscritas y unas 560.000 aprobadas.

No todas acaban en el censo, y tampoco existe un dato oficial de cuántas altas en el CERA proceden de esta ley. Con la cautelar en vigor, solo votarán quienes acrediten el exilio de su antepasado, y eso exige una prueba documental que "muchas familias no conservan". Su impresión es que serán una minoría.

El precedente de Madrid en el 23J El voto exterior pesa poco en el total, pero puede decidir un escaño. Como los diputados se reparten por provincias, unos pocos miles de votos llegados de fuera pueden decidir el último asiento de una circunscripción igualada. En toda la democracia solo se tiene constancia de dos escaños que cambiaran de manos con el recuento del CERA.

El último fue en 2023, cuando el voto exterior dio al PP el último diputado de Madrid, que perdió el PSOE. En ese recuento, los populares sacaron unos 8.600 votos de ventaja a los socialistas. Madrid es además donde más ha crecido el censo exterior: 114.360 electores más desde marzo de 2023.

Junto con Barcelona, reúne casi el 39% del aumento. Otra cuestión es en qué provincia cuenta cada papeleta. La Junta Electoral Central advirtió en julio que el municipio de inscripción de cada beneficiario tendrá que justificarse cuando no coincida con su último domicilio en España.

En la vista ante el Supremo, Iustitia Europa puso como ejemplo el municipio granadino de Murtas, con 330 vecinos y 1.038 inscritos en el CERA. Un pulso político a contrarreloj El Gobierno ha recibido mal la decisión. Pedro Sánchez atribuyó las sospechas de pucherazo a bulos de la ultraderecha y de una derecha que, según él, es cada vez más ultra.

Las acusaciones de lawfare llevaron a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, a contestar en la apertura del año judicial. La portavoz, Elma Saiz, dijo que la decisión choca con el criterio del Ejecutivo y de la Junta Electoral Central. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidió que el asunto se resuelva antes de las elecciones para no dejar sin voto a miles de españoles.

Desde el PP, Cuca Gamarra calificó las cautelares de "ponderadas" y dijo que ahora toca esperar la sentencia. Vox asegura que no presionará al Supremo para que acelere su decisión. Cohen distingue el debate jurídico del político.

Reconoce que los recurrentes tienen "un argumento técnico serio". La ley exige que el antepasado sufriera exilio, mientras que la instrucción de 2022 extendió la vía a hijos y nietos de españoles de origen, se hubieran exiliado o no. "Una instrucción no puede ampliar lo que dice una ley", resume, y ese es el fondo del pleito. Hablar de fraude le parece otra cosa, porque los solicitantes cumplieron exactamente los requisitos que les pidió la propia Administración.

El abogado cree que la posición del Gobierno también tiene peso. Son españoles por resoluciones firmes, y la Constitución no distingue a la hora de votar según cómo se obtuvo la nacionalidad. Exigir hoy documentos de un exilio de hace ochenta años es, en muchos casos, "pedir algo imposible".

Al final, concluye, los más perjudicados son los propios solicitantes. Sumar ha registrado una enmienda para que la presunción de exilio entre 1936 y 1955 deje de depender de una instrucción y pase a figurar en la propia ley. También hay un frente penal.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas tras una querella de Hazte Oír por presunta prevaricación contra Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Puente firmó la instrucción cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Qué hacen ahora los nacionalizados por la ley de nietos Entre los clientes de Cohen, la decisión se recibió con preocupación, sobre todo al principio.

Muchos entendieron que podían perder la nacionalidad, y lo primero fue tranquilizarlos: el pasaporte no está en juego. Los más inquietos son quienes todavía tienen el expediente en trámite. Para ellos, explica el abogado, el problema es doble.

Con unos dos millones de solicitudes pendientes y escasos recursos humanos, resolver esos expedientes será "cuestión de muchos años". A eso se suma la incógnita sobre cómo acabará el pleito. Si el Supremo tumba la instrucción, tendrán que demostrar el exilio forzoso de sus antepasados, algo que Cohen considera imposible "en la inmensa mayoría de los supuestos".

Por eso su despacho anima a todos sus clientes a recurrir, sobre todo por el retraso. Ante un proceso que se eterniza por causas que atribuye a la Administración, ir a los tribunales le parece la opción más sensata. "La pasividad y estar a la cola es la peor de las opciones", sostiene.