El oficialismo avanzará este martes con el dictamen de la reforma de la Ley de Glaciares y buscará convertirla en ley apenas 24 horas después, en una sesión especial ya confirmada para este miércoles a las 15 horas. Con el respaldo de gobernadores y bloques aliados, el Gobierno confía en tener los votos necesarios, aunque el proceso arrastra cuestionamientos por las audiencias públicas y anticipa un frente judicial abierto. “El dictamen lo van a tener. Hay impulso de gobernadores y es probable que tengan los votos también en el recinto.

No pareciera haber dificultad para el Gobierno”, aseguró el diputado socialista Esteban Paulón en diálogo con PERFIL. Y agregó una advertencia sobre el escenario posterior: “Después está la parte judicial, donde hay impugnaciones por todo el proceso”. La Libertad Avanza llega al debate con un esquema de apoyos consolidado.

Al bloque oficialista se suman el PRO, la UCR, espacios provinciales y legisladores que responden a mandatarios de distritos mineros o alineados con el oficialismo, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán. El pedido de sesión especial reunió firmas que ubican la base en torno a los 127 diputados, a apenas dos del quórum, con margen para sumar adhesiones. El empuje de los gobernadores aparece como un factor determinante.

La reforma fue impulsada desde las provincias cordilleranas con el objetivo de habilitar mayores inversiones en minería, en línea con el esquema de incentivos del RIGI. En ese marco, el oficialismo descuenta que podrá replicar en Diputados la mayoría que consiguió en el Senado. Incluso dentro de la oposición hay fisuras.

Tal como ocurrió en la cámara alta, algunos legisladores peronistas de provincias mineras podrían acompañar el proyecto, lo que refuerza la expectativa del Gobierno de alcanzar la sanción sin sobresaltos. Bajo perfil del Ejecutivo En paralelo al armado de mayorías, el Gobierno optó por reducir la exposición política del debate. En el plenario de comisiones no estarán presentes ministros del gabinete ni los principales impulsores políticos del proyecto.

En su lugar, la defensa técnica quedará en manos de funcionarios de segunda línea, vinculados a las áreas de minería y ambiente. La decisión no es casual. Se trata de una iniciativa atravesada por cuestionamientos ambientales y por el volumen de críticas que dejó la audiencia pública de marzo, donde más de 100 mil personas se inscribieron para participar, pero menos de 400 pudieron exponer.

Ese esquema de bajo perfil busca evitar que la discusión escale en la agenda pública en un contexto atravesado por otros conflictos del Gobierno. De hecho, la oposición anticipa que intentará colar en el recinto los escándalos recientes, desde el caso $LIBRA hasta la situación del vocero Manuel Adorni, a quien buscarán interpelar. Qué cambia la ley y por qué genera rechazo El proyecto redefine el alcance de la protección de glaciares y ambiente periglacial al limitarla a aquellas formaciones que cumplan funciones hídricas.

A su vez, otorga a las provincias un rol central para determinar qué áreas quedan bajo resguardo, con capacidad de revisar el inventario nacional elaborado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). También establece que las restricciones a actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera se aplicarán solo sobre esas zonas identificadas como estratégicas para el agua. El resto quedaría sujeto a evaluaciones ambientales que dependerán de las autoridades locales.

Para el oficialismo y los gobernadores, se trata de una actualización necesaria que permite compatibilizar desarrollo productivo y protección ambiental. Para la oposición, en cambio, implica una flexibilización que abre la puerta a la explotación en zonas sensibles. “Es una ley que quieren las mineras”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana, quien advirtió que la reforma “desprotege los periglaciares” y debilita el rol del Estado nacional en la gestión de recursos interjurisdiccionales. Audiencias cuestionadas y frente judicial abierto El proceso legislativo arrastra un foco de conflicto que podría trasladarse a la Justicia.

Las audiencias públicas realizadas a fines de marzo fueron cuestionadas por organizaciones ambientales y bloques opositores, que denunciaron limitaciones en la participación y en los criterios de selección de expositores. Desde esos sectores anticipan que, incluso si la ley es aprobada, avanzarán con impugnaciones judiciales por considerar que no se cumplió con los estándares establecidos en la legislación ambiental ni con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. Paulón también apuntó en esa dirección: “Más allá de los escándalos de corrupción del Gobierno, esta ley tiene intereses de empresarios mineros.

De ahí viene la voluntad de que salga”. Y remató: “Seguramente haya planteos por todos esos escándalos de las últimas semanas en la sesión, pero los van a aceptar con tal de que se apruebe la ley”. En ese contexto, el oficialismo se encamina a conseguir la sanción en el Congreso, pero con un escenario abierto en tribunales y una discusión política que promete escalar más allá del recinto.

JD / EM