La definición del proyecto de ley de empleo parcial en Honduras mantiene la atención de trabajadores, empresarios y legisladores, en medio de una coyuntura marcada por la persistente informalidad laboral y las limitadas oportunidades de empleo formal. La propuesta, impulsada desde enero de 2026, apunta a formalizar a quienes actualmente trabajan en condiciones precarias y sin acceso a beneficios sociales y permitiría a miles de personas migrar del espacio informal hacia el formal al acceder a seguridad social y a pagos proporcionales a su jornada, sin que ello implique una reducción de los derechos laborales ya adquiridos. Mientras las organizaciones empresariales exigen una definición rápida, las centrales obreras han manifestado inquietudes sobre los posibles riesgos de precarización y la suficiencia de las garantías laborales incluidas en la ley.

En respuesta, la iniciativa incluye salvaguardas para que ningún contrato bajo el régimen de empleo parcial implique la vulneración de prestaciones legales u otros derechos fundamentales El proyecto de ley de empleo parcial, bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia para su discusión final en el Congreso Nacional de Honduras, plantea la regulación de empleos por horas o jornada reducida. El propósito es reducir la informalidad, otorgar cobertura social a una extensa franja de trabajadores y flexibilizar la contratación para empresas, sin renunciar a los derechos fundamentales contemplados en la legislación laboral. Este mecanismo beneficiaría también a las pequeñas y medianas empresas al facilitar la incorporación de nuevos trabajadores de forma flexible, incentivando la formalización y la generación de ingreso.

La iniciativa busca regular la contratación por horas o jornadas reducidas y espera la opinión determinante de la Corte Suprema de Justicia, cuya postura permitirá al Congreso Nacional avanzar hacia una votación que podría representar un cambio de paradigma en el mercado laboral hondureño. De acuerdo con el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, el pronunciamiento del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de la propuesta debe emitirse una vez agotado el plazo legal que se inició tras la recepción del oficio del Congreso la mañana del 18 de marzo. Duarte precisó que el análisis del proyecto debe completarse en 72 horas efectivas de trabajo desde el 19 de marzo, ya que el cómputo aplica únicamente para días hábiles.

Confirmó que: “El plazo empieza a correr 24 horas después de recibido el oficio”, asegurando que el dictamen podría ser remitido a la presidencia de la Corte Suprema el lunes siguiente. Según especialistas en derecho laboral, la legislación podría alinear el marco normativo nacional con estándares internacionales, a la vez que busca “reducir la precariedad, estimular el empleo juvenil y crear alternativas de trabajo para sectores tradicionalmente marginados”. El objetivo central reside en alcanzar un equilibrio entre la flexibilidad reclamada por los empleadores y la protección laboral exigida por los trabajadores.

El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facussé, criticó la prolongada falta de definición sobre la ley tras “tres años de discusión”. Subrayó la necesidad de una respuesta: “El país necesita medidas urgentes para atender a los desempleados”, y enfatizó que la normativa podría beneficiar “al gran conglomerado de desempleados que existen en Honduras”. Facussé consideró que la aprobación no debe quedarse aislada: “Es un paso importante, pero no el único necesario para mejorar la empleabilidad en Honduras”.

La socialización del texto legal convocó a sindicatos, gremios empresariales y autoridades laborales. El diputado liberal Fernando Castro, integrante de la comisión legislativa encargada de dictaminar el proyecto, señaló que el borrador final ya fue entregado a la Corte Suprema para consulta formal: “Nosotros hicimos llegar la nota a la CSJ a las 9:08 de la mañana, tal como consta en el acuse de recibo Esperemos recibirla y avanzar lo más pronto posible”, indicó. Castro insistió en la importancia de alcanzar consensos entre las distintas bancadas y partes interesadas: “Aquí no venimos a perjudicar ni al trabajador ni al empresario.

Sabemos que contamos con el respaldo político suficiente y con la mayoría necesaria, pero también queremos construir consensos entre las distintas bancadas”.