El debate por la actividad de los lavacoches es un tema que se empieza a instalar en las agendas de los municipios del Alto Valle. A finales del año pasado, Cipolletti aprobó la ordenanza orientada a restringir la presencia de los denominados «trapitos» en la ciudad a fin de reducir las situaciones de hostilidad en la vía pública. Mientras que en Roca la concejal Belén Bavastri (Juntos Somos Rio Negro) el 24 de febrero presentó un proyecto para «darle orden» a la actividad. Desde la aprobación de la normativa cayó el número de denuncias en Cipolletti En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler aseguró que a casi tres meses de la aplicación de esta normativa, la delincuencia y las denuncias vinculadas a esta actividad son «casi cero». El jefe comunal explicó que dentro de sus criterios, en el municipio diferencian los «lavacoches» -actividad que aseguró no se registra en la ciudad desde hace años- de los «trapitos» a los que caracterizó como aquellos que piden dinero en los semáforos a cambio de limpiar vidrios. «Esa es la actividad que nosotros prohibimos» indicó. Según detalló, la presencia de estas personas, generaba una «problemática» en la ciudad, debido a que «consumían y molestaban a la gente cuando no les daban plata estando completamente drogados a veces». Además, si bien apuntó que «ninguna de estas personas se anotó en el registro», en la actualidad tampoco cuentan con la presencia de personas que acosen o molesten vecinos en los semáforos de la localidad. Esto se debe -detalló- al «automático» accionar de los inspectores municipales con la policía. Según describió, cuando se detecta una persona limpiando vidrios en una esquina, los inspectores municipales los infraccionan y secuestran los elementos que usan para realizar la actividad . «A veces puede ser un trapo, lo que sea. Infraccionamos lo que están haciendo y si lo vuelven a hacer, pedimos el auxilio de la fuerza pública y la policía los demora». Dentro del área de fiscalización, la municipalidad cuenta con tres inspectores, destinados a recorrer la ciudad en función de denuncias vecinales o detecciones propias. «Si aparece alguno, al otro día ya no está», afirmó. Buteler detalló que en algunos casos, pueden acudir a la fuerza policial, «esto sucede cuando se resisten, obviamente lo han hecho más de una vez». Respecto al impacto de la medida, aseguró que las denuncias por situaciones de acoso, maltrato o consumo en la vía pública asociadas a esta actividad disminuyeron notablemente. «Tenemos algunas por semana, muy puntuales», detalló. En relación a posibles alternativas laborales, el intendente mencionó la existencia de programas de capacitación y empleo municipales, aunque remarcó que, según su visión, las personas involucradas en estas prácticas «generalmente no son personas que están buscando trabajo». Finalmente, defendió la ordenanza al considerar que apunta a erradicar conductas que generan conflictos en el espacio público. Desde su perspectiva, no se tratan de casos de vulnerabilidad social que requieran otro tipo de abordaje. En Roca proponen un registro obligatorio para regular a los lavacoches A diferencia de iniciativas impulsadas en otras ciudades de la región, el proyecto presentado por Bavastri en el Concejo Deliberante de Roca no apunta a erradicar la actividad de «trapitos» o lavacoches, sino a reconocer y limitar el número por cuadra. En diálogo con este medio, la impulsora del proyecto, señaló el objetivo es «ordenar una actividad que hoy existe» y brindar herramientas tanto a los vecinos como a las fuerzas de seguridad ante posibles conflictos. En ese sentido, la identificación permitiría canalizar reclamos y facilitar la intervención en caso de situaciones problemáticas. Uno de los ejes centrales es la creación de un Registro Municipal obligatorio, con renovación anual. Quienes se inscriban recibirán una credencial personal con datos identificatorios -nombre, DNI, foto y zona asignada- que deberán exhibir de forma visible durante la jornada. Esa habilitación podrá ser retirada en caso de incumplimientos o situaciones de violencia. Además, se establece un límite de hasta dos trabajadores por cuadra, cuya asignación quedará a cargo del Municipio. Para acceder al registro, deberán cumplir requisitos similares a los de los vendedores ambulantes, como ser mayores de edad, tener domicilio en la ciudad, presentar antecedentes penales y certificado de salud. El proyecto también fija obligaciones de conducta: respetar a vecinos y conductores, no ejercer presión para el cobro, no obstaculizar el tránsito y mantener el espacio limpio. Entre las infracciones se incluyen trabajar sin registro, superar el cupo por cuadra, agredir a terceros o exigir un monto fijo de dinero. En cuanto a las sanciones, se prevén desde advertencias, suspensiones hasta la baja definitiva del registro en casos graves o reiterados. También, el texto incorpora una perspectiva social: las multas económicas podrán ser reemplazadas por trabajo comunitario o capacitaciones, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de muchas de las personas que realizan esta actividad. La iniciativa también contempla la articulación entre distintas áreas, como el municipio, la Policía y sectores vinculados al desarrollo social. «Se trata de trabajar mancomunadamente, en favor del bienestar local», explicó la edil. Según detalló, aún no se comenzó con el tratamiento en comisiones y podría ser modificado con aportes de otros concejales. Mientras tanto, aseguró que, en líneas generales, la iniciativa tuvo buena recepción entre algunos trabajadores del sector con los que pudo dialogar. «Tuvimos la posibilidad de charlar con con varios trapitos y hay muchos que acompañan la iniciativa. Por las redes me han un contacto más, que estaban de acuerdo y quieren ver cómo se va a dar el tratamiento«, aseguró.