Jesús Ángel Carbajo llevaba horas escuchando cómo el nombre de Plus Ultra volvía a ocupar todos los titulares cuando tomó la palabra en el Senado. El auditor de cuentas de la aerolínea compareció este jueves ante la comisión que investiga la gestión de la SEPI con un objetivo claro: desvincular por completo su trabajo profesional del rescate público de 53 millones concedido a la compañía en plena pandemia y negar cualquier irregularidad en las cuentas que auditó durante años. Lo hizo además en un momento especialmente delicado.

Apenas veinticuatro horas antes, la Audiencia Nacional había acordado investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la causa sobre el rescate de Plus Ultra, situándole en el “vértice” de una presunta red de influencias políticas y empresariales. En ese contexto, cualquier pieza relacionada con la situación financiera real de la aerolínea adquiere ahora un peso clave dentro de la investigación. PUBLICIDAD Carbajo intentó marcar distancias desde el primer momento. “No he ocultado ni hecho ninguna irregularidad”, aseguró durante su intervención.

El responsable de Audicar defendió que sus informes se ajustaron siempre a la normativa y reivindicó sus treinta años de trayectoria profesional independiente. “Jamás he firmado nada que no considerara adecuado ni nadie me lo ha pedido”, afirmó ante los senadores. Su comparecencia era especialmente esperada porque una de las grandes incógnitas del ‘caso Plus Ultra’ sigue siendo la misma desde el principio: si la compañía aérea cumplía realmente las condiciones exigidas para acceder al fondo público de rescate gestionado por la SEPI o si existieron maniobras políticas para favorecer una operación que muchos cuestionaban desde el punto de vista financiero. Y ahí es donde entra en juego el auditor.

PUBLICIDAD La comisión del 1% que complica la investigación Pero hubo un momento especialmente delicado de la comparecencia que conectó de lleno con la investigación judicial sobre Zapatero y su entorno. Carbajo reconoció que la contabilidad de Plus Ultra reflejaba el pago de una comisión del 1% sobre el rescate de 53 millones concedido por la SEPI. La cuestión salió durante un intercambio con el senador del PP Salvador de Foronda, que recordó que el juez José Luis Calama sitúa en el centro de la investigación a la empresa Idella Consulenza Strategica, vinculada al empresario Julio Martínez Martínez. “El juez dice en el auto que la empresa Idella cobró el 1% del rescate de los 53 millones”, señaló el senador. “Entonces yo le digo que esa salida está reflejada en la propia contabilidad”.

La respuesta de Carbajo fue breve pero contundente: “Sí, eso sí”. PUBLICIDAD Ese 1% equivale aproximadamente a 530.000 euros y constituye una de las piezas clave del caso. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Idella había firmado un contrato con Plus Ultra para percibir esa comisión en caso de que prosperara el rescate público.

El juez sostiene además que, apenas seis días después de ese acuerdo, se impulsó la creación de una sociedad offshore llamada Landside, participada al 100% por Idella y destinada presuntamente a canalizar esos fondos desde Dubái. La relevancia judicial del episodio es evidente porque Julio Martínez aparece señalado en el auto como una de las personas clave del entorno empresarial investigado por sus vínculos con Zapatero y con la sociedad Análisis Relevante. La Audiencia Nacional sostiene que el expresidente ejercía un “liderazgo estratégico” dentro de una red dedicada presuntamente al ejercicio de influencias políticas y empresariales alrededor de operaciones como el rescate de Plus Ultra.

PUBLICIDAD El punto clave: Plus Ultra ya estaba en pérdidas La intervención de Carbajo dejó una idea especialmente relevante para entender el alcance del caso. El auditor reconoció que Plus Ultra ya acumulaba pérdidas dos años antes de recibir la ayuda pública del Estado. No intentó esquivar ese dato, al contrario: explicó que esa situación aparecía reflejada en sus informes anuales mediante los habituales “párrafos de énfasis”, utilizados en auditoría para advertir de riesgos o incertidumbres financieras.

Es decir, según su versión, las dificultades económicas de la aerolínea no estaban escondidas ni maquilladas, estaban escritas. Ese detalle es importante porque una de las principales críticas al rescate de Plus Ultra siempre ha sido precisamente que la compañía arrastraba problemas económicos anteriores a la pandemia y difícilmente podía encajar en la definición de empresa “estratégica” que justificó la concesión de los 53 millones de euros. PUBLICIDAD Carbajo defendió también que su trabajo consistía únicamente en revisar las cuentas conforme a la documentación aportada por la empresa y por terceros —bancos, aseguradoras o proveedores—, y sostuvo que Plus Ultra colaboró “en todo momento” con el proceso de auditoría.

También quiso dejar claro otro aspecto sensible: asegura que nunca elaboró informes destinados a facilitar la obtención del rescate. Según explicó, ni siquiera tuvo constancia de que la aerolínea pretendiera acudir al fondo de ayudas de la SEPI hasta agosto de 2020, cuando la solicitud se formalizó. “No emití ningún informe para solicitar esa subvención”, insistió durante su comparecencia. La frase no es menor.

En plena investigación judicial sobre presuntas influencias políticas alrededor del rescate, el auditor intenta cortar de raíz cualquier sospecha de que las cuentas de la compañía hubieran sido preparadas o adaptadas expresamente para facilitar la operación. PUBLICIDAD Cómo afectan sus palabras a la investigación sobre Zapatero Aunque Carbajo no mencionó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención, sus declaraciones impactan de forma indirecta sobre algunas de las líneas más sensibles de la investigación abierta por la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama sostiene en su auto que el expresidente habría liderado una estructura organizada dedicada, presuntamente, a facilitar ayudas públicas y operaciones económicas mediante contactos políticos y empresariales.

La resolución sitúa a Zapatero en el “núcleo decisor y estratégico” de una red que, según la UDEF, utilizó sociedades instrumentales, intermediarios y redes de influencia para favorecer distintos negocios vinculados a Plus Ultra y otras operaciones internacionales. PUBLICIDAD El testimonio de Carbajo tiene relevancia porque refuerza uno de los pilares de la investigación de la Audiencia Nacional: la existencia de contratos y movimientos económicos reales alrededor del rescate de Plus Ultra. Hasta ahora, la tesis del juez sobre la comisión vinculada a Idella y al entorno empresarial relacionado con Zapatero se apoyaba fundamentalmente en conversaciones intervenidas, contratos y movimientos financieros analizados por la UDEF.

La declaración del auditor añade ahora el elemento adicional de que la comisión figuraba oficialmente en la contabilidad de la aerolínea. Aún así, la declaración de Carbajo no despeja otra de las incógnitas que sobrevuelan el caso: si esa comisión respondía a un contrato legítimo de asesoramiento o si, por el contrario, encubría pagos derivados de las gestiones políticas y empresariales desplegadas para facilitar la concesión de las ayudas públicas. PUBLICIDAD Precisamente ahí está uno de los puntos más sensibles para la investigación sobre Zapatero.

Porque mientras la Audiencia Nacional intenta determinar si existió una red organizada para influir en decisiones de la SEPI y canalizar posteriormente fondos a través de distintas sociedades, el auditor confirma ahora que una de las operaciones económicas más relevantes del caso sí tenía reflejo contable dentro de la aerolínea. Eso no prueba por sí solo la existencia de tráfico de influencias ni acredita irregularidades penales, pero sí fortalece uno de los elementos centrales del relato del juez Calama: que alrededor del rescate de Plus Ultra existió una estructura económica real, documentada y con movimientos financieros asociados que ahora están bajo investigación judicial. PUBLICIDAD PUBLICIDAD