Madrid, 8 oct (EFE).- La escasez de oferta de vivienda, el aumento de su precio y el déficit de nueva construcción son algunos de los factores que provocan la tensión del mercado residencial en España, aunque también se repiten en otros países europeos, que, en algunos casos, encuentran en la vivienda pública un atenuante a esta crisis. Según el Banco de España, el porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1 %, con un peso del 16,4 % en Reino Unido o del 14 % en Francia, muy por encima del 1,5 % en España, aunque otros países como Alemania, con el 2,6 %, o Portugal, con el 1,1 %, también cuentan con porcentajes menores a la media. PUBLICIDAD Ante esa situación, la mayoría de Gobiernos europeos han lanzado medidas para incentivar un mayor parque público, lo que en España se ha traducido en la creación de Casa47, la nueva entidad pública de suelo, a la que el Gobierno busca transferir 40.000 viviendas de la Sareb, así como otros 2.400 suelos. También ha sacado adelante el Plan de Vivienda 2026-2030, con 7.000 millones de euros de inversión para ayudar a las autonomías en materia de vivienda, con el objetivo de "alcanzar un parque público con volumen y capacidad suficientes para condicionar el mercado". PUBLICIDAD No obstante, la crisis de vivienda en Europa también alcanza a los países con mayor porcentaje de vivienda pública, pues en Reino Unido 1,34 millones de hogares continúan en lista de espera para una vivienda social, por el déficit de 384.000 hogares en Países Bajos. Para dar respuesta a esa lista de espera, el Gobierno laborista británico planea construir 1,5 millones de viviendas en Inglaterra esta legislatura y ha puesto en marcha un plan de 39.000 millones de libras (45.630 millones de euros) hasta 2036 en ayudas para construir vivienda, mientras ofrece préstamos públicos de hasta el 20 % del total para compradores de primera vivienda. PUBLICIDAD El Gobierno del conservador Luís Montenegro está centrando la estrategia de la vecina Portugal en aumentar la oferta con nueva construcción social, mientras ha impulsado un IVA reducido del 6 % para la construcción de determinadas viviendas e incentivos a los propietarios que alquilen a precios considerados moderados. Todo ello con el objetivo de rebajar el precio de la vivienda -que aumentó un 16,5 % en términos interanuales en el segundo trimestre- y para incrementar el porcentaje de vivienda social. PUBLICIDAD Para evitarlo, Francia cuenta con diferentes dispositivos de ayudas al acceso a la vivienda, con especial énfasis a los alquileres sociales que son obligatorios en las ciudades. Los municipios deben velar para que, al menos, un quinto de la vivienda sea social, con acceso a través de alquileres moderados, destinados a las personas con menos ingresos, un porcentaje que puede llegar a un 25 % en las ciudades en las que la presión es alta. PUBLICIDAD En Italia, Federcasa, que agrupa a las entidades públicas dedicadas a la construcción y gestión de vivienda social, administra 823.734 viviendas (el 2,4 % del total del parque) y el alquiler medio en el mercado libre se sitúa en torno a los 600 euros. No obstante, el problema se dispara en los grandes núcleos, donde el índice de asequibilidad se ha disparado: en Milán, las familias destinan hasta el 39 % de sus ingresos al pago de la vivienda, similar al porcentaje de Florencia y Roma. PUBLICIDAD El mismo problema ocurre en Alemania, con un precio del metro cuadrado en Múnich de 21,65 euros (2.165 euros por una vivienda de 100 metros), mientras que en Berlín el precio es de 14,63 euros (1.463 euros por 100 metros), según datos del portal Immowelt. El Gobierno alemán ha incrementado las partidas destinadas a subvencionar la construcción de vivienda social de renta controlada en los últimos años, pero aún así, según datos oficiales, a finales de 2024 existían 1.046.031 viviendas sociales en el país, la mitad de las 2.094.170 disponibles en 2006. PUBLICIDAD Polonia también acumula un grave déficit de vivienda social, el 2,5 % del total. De hecho, el debate público sobre la vivienda ha resurgido por la escasez de vivienda, alimentada por más de un millón de refugiados ucranianos y la inflación. Aunque Bélgica goza de un 4,9 % destinado a vivienda social y a un 66 % de propietarios, la presión allí también es intensa: a finales de 2025, Bruselas tenía 62.234 hogares en espera, frente a 2.581 viviendas adjudicadas ese año, según la Sociedad de la Vivienda de la Región de Bruselas-Capital (SLRB). PUBLICIDAD Por su parte, en Finlandia, el sistema de vivienda protegida está enfocado principalmente hacia el alquiler, al que antiguamente tenían derecho todos los ciudadanos, aunque desde 2025 está restringido a las rentas medias y bajas. Apenas existe la compraventa de vivienda pública, pues Finlandia utiliza un modelo híbrido del derecho de ocupación, por el que el comprador paga el 15 % del valor de mercado del inmueble y una cuota mensual relativamente baja a cambio de obtener un derecho residencial de por vida. En Viena, el 60 % de los ciudadanos viven de alquiler y el Ayuntamiento es dueño de 220.000 viviendas, a las que se suman otras 200.000 construidas con subvenciones y gestionadas por cooperativas. En 2025, el 50 % de los contratos privados de alquiler estaba limitados en el tiempo, con una duración media de 7 años. En la vivienda pública y social, los alquileres son indefinidos. EFE PUBLICIDAD PUBLICIDAD