El debate suele circunscribirse al presupuesto. La actual administración defiende la prioridad del equilibrio fiscal y denuncia el uso discrecional de la autonomía universitaria como escudo para una administración opaca de los recursos públicos. Las universidades, por su parte, advierten que el deterioro del financiamiento opera como una asfixia progresiva de sus funciones.

Detrás de esa disputa formal, sin embargo, emerge una pregunta que rara vez se formula con la precisión que merece: ¿en qué medida la universidad pública sigue operando hoy como un mecanismo efectivo de movilidad social? La respuesta que arrojan los datos disponibles obliga a desplazar el foco del debate hacia donde el problema realmente reside. La creencia de que el acceso irrestricto a la universidad pública y gratuita constituye una palanca de ascenso social tiene fundamentos históricos genuinos.

Generaciones enteras de argentinos de origen humilde accedieron a la clase media profesional a través de un título universitario obtenido sin costo directo. Ese legado es real y merece reconocimiento. Pero las condiciones que lo hicieron posible dependieron, en buena medida, de que el sistema de educación básica proveyera una formación sólida que permitiera a los estudiantes llegar a la universidad con chances reales de completar una carrera.

La pregunta relevante no es si el modelo fue virtuoso en el pasado, sino si las condiciones para que siga siéndolo todavía están presentes. Los datos de la Secretaría de Educación correspondientes a 2024 son contundentes y desalentadores en partes iguales. Solo el 59% de los jóvenes argentinos termina la secundaria a los 18 años, la edad teóricamente correspondiente.

De ese universo ya reducido, menos del 18% alcanza niveles de conocimiento satisfactorios o avanzados en lengua y matemática. Combinados, esos dos guarismos llevan a una conclusión de enorme peso: apenas el 10% de los jóvenes de 18 años egresa de la secundaria en tiempo y con la formación mínima necesaria para encarar estudios superiores con posibilidades razonables de éxito. Dicho de otra manera, 9 de cada 10 jóvenes o no terminan la escuela secundaria o la terminan con déficits formativos tan profundos que hacen inviable la continuidad educativa efectiva.

Ese panorama tiene una consecuencia directa sobre el rol social de la universidad pública que el debate político habitualmente omite. Si solo una minoría de los jóvenes llega a la puerta de la universidad con condiciones reales de aprovecharla, el impacto redistributivo de ese sistema es estructuralmente limitado, independientemente de cuán bien o mal gestione sus recursos. Y el problema se profundiza cuando se examina la composición socioeconómica de esa minoría.

La mayor parte de los jóvenes que alcanzan los niveles de conocimiento satisfactorios en lengua y matemática proviene de establecimientos privados, cuyos hogares ya pertenecen a sectores de clase media o alta. En ese escenario, la gratuidad universitaria beneficia en mayor proporción a los sectores que menos la necesitan como instrumento de ascenso social, mientras los jóvenes de menor capital cultural y económico quedan excluidos no por el arancelamiento sino por la insuficiencia de su formación previa. La raíz del problema es la gestión del sistema educativo básico, que en Argentina se organiza según la lógica federal: las provincias tienen a su cargo la educación primaria y secundaria, mientras que la Nación mantiene competencias en materia de política educativa general, financiamiento complementario y medición de resultados.

Esa distribución formal nunca funcionó con la claridad que sugiere el texto constitucional. La Nación se entrometió históricamente en la gestión provincial mediante una paritaria docente que carece de sentido porque es la propia Nación quien no paga los salarios de los maestros, y mediante programas de asistencia que en la práctica diluyen responsabilidades jurisdiccionales y multiplican el gasto sin mejorar los aprendizajes. Ese solapamiento de funciones generó un escenario donde nadie rinde cuentas con claridad por los resultados.

Los incentivos dentro del sistema tampoco contribuyen a revertir el deterioro. Los estatutos docentes, concebidos décadas atrás en un contexto radicalmente diferente, no contemplan ningún mecanismo que vincule el desempeño del docente con el aprendizaje de sus alumnos. No existe reconocimiento económico ni de ningún otro tipo para quienes se comprometen con resultados, ni consecuencias para quienes no lo hacen.

A eso se suman la precariedad de la infraestructura escolar en numerosas jurisdicciones, el exceso de burocracia administrativa y una resistencia sistemática a medir y publicar resultados comparables que permitan identificar dónde se aprende más y dónde menos. El resultado de esa combinación es un sistema que reproduce la desigualdad en lugar de atenuarla. La actual administración adoptó algunos pasos en la dirección correcta.

La desactivación de la paritaria docente nacional es una medida de racionalidad federal que despeja uno de los factores que más había distorsionado la gestión educativa. La producción y difusión de información sobre resultados educativos, si se sostiene y profundiza, puede generar los estímulos de transparencia y rendición de cuentas que el sistema necesita con urgencia. Y la modernización de la Asignación Universal por Hijo, sustituyendo la libreta de papel por cruces informáticos y simplificando las condicionalidades, podría fortalecer el incentivo económico a las familias para que sus hijos permanezcan en la escuela hasta completar el ciclo.

Son avances parciales frente a la magnitud del problema, pero apuntan en la dirección correcta. La movilidad social que la Argentina necesita no se resolverá en el claustro universitario mientras el sistema de educación básica siga produciendo los resultados que los datos de 2024 reflejan. Discutir exclusivamente el presupuesto de las universidades es, en ese sentido, un debate que no está mal pero que está incompleto.

El 90% de los jóvenes que hoy no llega a la universidad en condiciones de aprovecharla no espera una resolución presupuestaria en la educación superior. Espera que el sistema educativo que debería haberlos preparado funcione de otra manera. Y mientras ese sistema no se transforme en su estructura de incentivos, en su modelo de gestión y en su articulación federal, la universidad pública seguirá siendo un activo valioso para quienes ya tienen las condiciones para aprovecharla, pero un instrumento demasiado débil para los que más la necesitarían.

Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.