La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó la absolución de los acusados por los bloqueos sindicales contra la empresa Rey Distribución, ocurridos en 2021 en la localidad bonaerense de San Pedro. A través de un comunicado, la entidad fabril expresó su preocupación por los alcances del fallo y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la actividad empresarial y la generación de empleo. El pronunciamiento llegó después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás absolviera a los acusados por las medidas de fuerza realizadas contra la distribuidora.

Los magistrados reconocieron que los bloqueos impidieron el normal funcionamiento de la empresa, pero consideraron que esas acciones estaban amparadas por el derecho constitucional de huelga. La decisión generó el rechazo de la organización industrial que preside Martín Rappallini, que pidió revisar los alcances de la resolución judicial. La UIA cuestionó el fallo por los bloqueos sindicales En su comunicado, la entidad sostuvo que el ejercicio del derecho de huelga debe respetar también las garantías constitucionales de los empleadores y de los trabajadores que desean continuar con sus tareas. “Desde la UIA reafirmamos nuestro absoluto respeto por los derechos constitucionales de los trabajadores, la libertad sindical y el legítimo ejercicio del derecho de huelga.

Sin embargo, ningún derecho puede ejercerse mediante la vulneración de los derechos de otros. El derecho a reclamar no puede confundirse con la decisión unilateral de impedir que una empresa opere y que sus trabajadores ingresen libremente a sus puestos de trabajo”, expresó la organización. Otro de los puntos centrales del comunicado fue la preocupación de la UIA por el impacto que este tipo de decisiones judiciales podría tener sobre las inversiones y el empleo formal. "La Argentina necesita construir un marco de convivencia laboral basado en el diálogo, el respeto mutuo y el cumplimiento de la ley.

En ese sentido, los avances legislativos recientes en materia laboral han buscado establecer reglas más claras para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como los de los empleadores", indicaron Asimismo, la entidad presidida por Rappallini remarcó que "la seguridad jurídica es una condición indispensable para sostener las empresas existentes, promover nuevas inversiones, generar empleo formal y garantizar el desarrollo económico del país. En este sentido, la Justicia tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que la ley se cumpla y los derechos de todos los ciudadanos sean respetados por igual. Es indispensable que las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes".