El nuevo paquete de sanciones pretende retrasar una revisión prevista del tope al precio del petróleo ruso, que se ha disparado tras el cierre del estrecho de Ormuz, para evitar conceder a Moscú un respiro económico. La Comisión Europea ha propuesto una nueva ronda de sanciones contra Rusia, dirigida a la venta de petróleo, la flota fantasma, los bancos, las empresas de criptomonedas, los metales, los productos pesqueros y los soldados que han participado en la guerra ruso-ucraniana. La propuesta, presentada el martes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llega mientras los aliados de Kiev estudian nuevas vías para reactivar el estancado proceso de paz y forzar al Kremlin a aceptar un alto el fuego como condición previa para entablar negociaciones. "Rusia ha fracasado claramente en su intento de someter a Ucrania.

El precio que paga Rusia es cada día más alto y lo soporta ante todo el pueblo ruso", ha afirmado Ursula von der Leyen. "Así que el objetivo de nuestro paquete no puede ser más claro: queremos mantener toda la intensidad de nuestras sanciones". El elemento central se refiere al tope al precio del petróleo ruso que la UE, junto con el G7 y Australia, aplica desde diciembre de 2022. El año pasado, el mecanismo se volvió dinámico y el límite se fijó un 15% por debajo del precio medio.

Sin embargo, las perturbaciones provocadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz han impulsado el precio del crudo ruso Urals hasta 87 dólares por barril, frente a los 58 de febrero. Esto significa que, si la UE sigue adelante con la revisión prevista el 15 de julio, el tope se ajustará al alza y, en consecuencia, dará a Moscú el alivio temporal que busca. La Comisión propone retrasar la revisión hasta enero de 2027 y mantener el tope de precios en el nivel actual: 44,10 dólares por barril.

El mecanismo de ajuste "no se diseñó para choques de mercado como el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz", ha dicho Von der Leyen. La pausa hasta enero, añadió, "dará tiempo a que se estabilicen los mercados del petróleo, al tiempo que se mantiene la presión sobre los ingresos de Rusia". A comienzos de este año, Von der Leyen presentó un plan para una prohibición total de todos los servicios marítimoscomo los bancarios, los seguros, el transporte marítimo y el abanderamiento.

La prohibición, defendida por los países nórdicos y bálticos, perdió fuelle tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. Grecia y Malta, dos Estados miembros costeros que prestan servicios a petroleros rusos, expresaron su oposición y dejaron claro que no darían ningún paso sin el respaldo del G7. Otros aliados de este último grupo mostraron poco entusiasmo y el plan quedó pronto en el limbo.

Al centrar ahora la atención en el tope, la Comisión admite 'de facto' que la prohibición no se hará realidad a corto plazo. La próxima semana está prevista en Francia una cumbre de líderes del G7, en la que se espera que Von der Leyen aborde la cuestión de las sanciones. Además, la Comisión propone incluir en la lista negra una treintena de buques de la flota fantasma que Moscú utiliza para eludir el tope.

Estos petroleros se encuentran en un estado alarmantemente deteriorado y se consideran un riesgo tanto para la seguridad como para el medio ambiente en Europa. A más de 600 de estos buques se les ha denegado el acceso a puertos y servicios de la UE. Además, otros barcos e infraestructuras, como puertos y refinerías, que apoyan las actividades de la flota ilegal también serán incluidos en la lista negra, indica Von der Leyen.

El borrador de paquete apunta a 31 bancos rusos, así como a 20 empresas y plataformas de criptomonedas y a intermediarios de petróleo en el exterior acusados de ayudar a Moscú a eludir las restricciones. También prevé prohibir la exportación de diversos metales, aleaciones y componentes utilizados en el sector de la defensa y, por primera vez, la importación de determinados productos pesqueros procedentes de Rusia. Las exportaciones europeas de aluminio parecen quedar fuera del paquete, pese a la polémica abierta en torno a una planta del oeste de Irlanda acusada de facilitar de forma indirecta la producción de armas de Rusia.

Otro elemento destacado de la propuesta es la prohibición de entrada en el espacio Schengen para los soldados rusos que hayan combatido en la guerra de agresión, una iniciativa que Estonia presentó a comienzos de este año y que desde entonces ha ganado apoyo. "Europa seguirá vetada para cualquiera que haya participado en la invasión de Ucrania: así de sencillo", señala Von der Leyen. La aprobación de las sanciones requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. Si se aprueban, supondrán el vigésimo primer paquete de restricciones desde febrero de 2022.

Los funcionarios y diplomáticos en Bruselas confían en lograr luz verde antes del 15 de julio para evitar la revisión automática del tope de precios. El anuncio de Von der Leyen llega en un momento en que Rusia intensifica los ataques aéreos masivos y mortales contra ciudades ucranianas, lo que está provocando indignación entre los europeos. Los recientes signos de tensión en la economía rusa han reforzado aún más el impulso a favor de nuevas restricciones. "Nuestras sanciones siguen mordiendo con fuerza y calando hondo", afirma Von der Leyen. "Están debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha planteado una reunión cara a cara con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra. Las negociaciones, señaló Zelenski, deberían basarse en la actual línea de contacto y estar supeditadas a un alto el fuego. El domingo, los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido respaldaron la idea de Zelenski "con una participación activa de Estados Unidos y de Europa".