El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad” en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su “inmediata aplicación”. Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente. Las autoridades universitarias pidieron, una vez más, la "implementación inmediata" de la norma porque argumentan que el Gobierno Nacional carece de un "fallo definitivo a su favor" que lo habilite continuar sin aplicar la Ley 27.795.

Asimismo, manifestaron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026, coincidentes con el inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta situación también impacta negativamente en las becas estudiantiles, en la investigación científica y en el funcionamiento de hospitales escuela como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, entre otros. Previamente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a pagar los fondos; por ese motivo, el caso se trasladó formalmente al máximo tribunal de Justicia.

Este pedido institucional a la Corte Suprema se lleva adelante un día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que tuvo su cuarta edición durante la gestión libertaria. La movilización colmó no sólo la Plaza de Mayo, sino las principales capitales provinciales del país.