La interrupción de prestaciones en Marcos Juárez; restricciones denunciadas en Concordia; despidos en Rosario; una convocatoria a afiliados en Posadas; una interpelación a la unidad de Puerto Madryn por parte de su Consejo Deliberante: son algunos de los ejemplos de las consecuencias de la actual política del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que se multiplican en todo el país. La dirigencia opositora en el Congreso comenzó a insistir con debatir una solución legislativa, aunque se encuentran con una traba concreta por la designación de presidentes libertarios en comisiones claves. “La atención está garantizada en todos los sentidos, por parte de los médicos de cabecera en todos los sanatorios del país y la cobertura de medicamentos”, respondió el titular del organismo, Esteban Leguizamo, en medios públicos. Su postura se condice con el informe de gestión del Gobierno, presentado en la última semana de abril por Manuel Adorni, en donde se aclara que los desembolsos se ajustan a “la normativa vigente en materia de administración financiera y ejecución presupuestaria”.

Esto es, a las transferencias dispuestas en el Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso, una suma aproximada de $10,17 billones. Ese monto representa, según el CEPA, una caída del 3,8% en términos reales en comparación con el Presupuesto 2023. Si se consideran las ejecuciones, la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó que en el primer trimestre de 2026 hubo una variación real negativa interanual del 41,3% en las transferencias al PAMI.

Provincia por provincia, eso impacta en la distribución de medicamentos (caída del 28% en Buenos Aires, según el ministerio provincial) y en la interrupción de la atención no urgente en clínicas (como las registradas en Neuquén, La Pampa y Chubut). Todo, en medio de la habitual repartición política de las unidades provinciales, que tienen casos explícitos en Misiones (donde cuatro candidatos libertarios a concejales y dos a diputados provinciales titularizan desde enero delegaciones del PAMI) y Río Negro (donde la presidenta provincial de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, intercedió en la renovación de cinco filiales a comienzo de año). La problemática que se añadió de manera más reciente fue la Resolución 1107/2026 del PAMI, oficializada el 9 de abril, que modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: los fijó en $2.100 mensuales por afiliado y dejaron sin efecto el "incentivo económico aprobado oportunamente para la formación de posgrado de los médicos de cabecera" argumentando "cumplimiento de los objetivos".

Tampoco percibirán pagos por consultas de primera vez y por seguimientos. Según estimaciones de gremios médicos, que concretaron una medida de fuerza en abril, eso implica una reducción de hasta el 52,5% de sus ingresos, y piden que ese monto per cápita ascienda al menos a los $6.500. La acción del Congreso Ante los reclamos de las distintas jurisdicciones, el peronismo en el Senado convocó a una reunión con afiliados y profesionales médicos, con la intención de declarar la emergencia del PAMI por el plazo de 12 meses.

Esto implica disponer partidas para regularizar las deudas con prestadores, en conjunto con la normalización de las prestaciones y la actualización de aranceles del Programa Médico Obligatorio. En ese marco, buscan robustecer el sistema con un monto de $500 mil millones, que representa el 4,91% de los fondos dispuestos para todo el año en el Presupuesto 2026. Sobre ese monto total, piden una actualización bimestral sujetada a la inflación oficial.

Su reclamo tiene consonancia con el malestar que se agudiza en las bancas aliadas. Los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Mercedes Valenzuela (Corrientes) solicitaron informes sobre la actual prestación de servicios del organismo, al igual que la provincialista Alejandra Vigo (Córdoba). Por sus reclamos, realizados todos en abril, ninguno tuvo aún respuestas.

Si se traslada esta situación a la Cámara de Diputados, los pedidos de informes se multiplican exponencialmente, aunque todos de bloques ya demarcados concretamente como antagonistas de La Libertad Avanza. En ese contexto el peronismo convocó a ministros y a profesionales a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, un ámbito que no puede tener autonomía para tratar una medida que alcance al PAMI, algo que debería tratarse en los espacios de Salud Pública y de Presupuesto. Lo que ocurre es que ambas se encuentran presididas por libertarios que aún no habilitaron agendas que los confronten: como ejemplo, la Comisión de Salud permanece cerrada desde el 18 de marzo.

Misma situación podría mencionarse en el Senado, en donde su comisión sanitaria prioriza exclusivamente el proyecto que tratará la reforma de la ley de Salud Mental.