La reciente decisión judicial que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral revela una tensión estructural entre el impulso reformista del legislador y los límites constitucionales.

• La reciente decisión judicial que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral no constituye un episodio aislado ni meramente procesal
• Por el contrario, revela una tensión estructural entre el impulso reformista del legislador y los límites constitucionales del derecho del trabajo en la Argentina
• Es, en esencia, una decisión de prudencia jurídica frente a una reforma de enorme impacto
• La Ley 27.802 no es una reforma menor