La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, se manifestó contra el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares y que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, pidió a los legisladores nacionales por esa jurisdicción que voten en contra de la iniciativa y evaluó que “no se puede pensar en una Argentina más productiva si nos van a sacar el agua”. “Nación está buscando modificar la Ley de Glaciares. La Provincia está en contra de ese intento, la ley no se debe modificar”, sostuvo la funcionaria durante una conferencia de prensa en la Gobernación, en La Plata, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente es analizada en Diputados, donde se convocaron audiencias públicas para debatir el tema.

La norma vigente, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares en el país, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Entre otras disposiciones, prohíbe actividades que puedan afectar estas formaciones, como la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei propone modificar los límites de protección y habilitar, bajo determinadas condiciones, el desarrollo de actividades productivas en zonas actualmente restringidas.

En ese marco, el Congreso prevé realizar audiencias públicas para escuchar opiniones de especialistas, organizaciones y ciudadanos. Según se informó, más de 27.000 personas se inscribieron para participar, una cifra que supera registros previos en debates legislativos ambientales en Argentina. "Afecta el acceso al agua" Vilar defendió el marco normativo vigente y remarcó que “la Ley 26.638 está bien”, al tiempo que calificó la reforma impulsada a nivel nacional como “ilegal e inconstitucional” y advirtió que “afecta gravemente a los sectores productivos de la provincia”. Aunque Buenos Aires no posee glaciares, la ministra señaló que el debate también impacta en el territorio bonaerense. "Afecta en el acceso al agua y porque quieren flexibilizar el marco jurídico”, indicó.

Según explicó, “el 70% del país depende de los glaciares como fuente de agua” y recordó que la legislación actual prohíbe actividades extractivas en zonas glaciares y periglaciares, lo que permite sostener el caudal de los ríos en períodos de sequía. “Ese ambiente buscan atacar flexibilizando la ley. Quieren permitir la actividad extractiva en esas zonas”, advirtió. En esa línea, sostuvo que el proyecto “habilita el dumping ambiental”, al generar una competencia entre provincias “por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas”.

También subrayó el carácter federal del sistema hídrico al señalar que los glaciares alimentan cuencas interjurisdiccionales. Como ejemplo mencionó el caso del Río Colorado, que nace en la Cordillera y atraviesa Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. En territorio bonaerense, explicó, “funciona como sistema de riego de 78.000 hectáreas en Villarino y Patagones”.

La ministra agregó que hay intendentes bonaerenses que están pidiendo que no se vote la modificación por su impacto productivo y planteó que “nosotros impulsamos las condiciones para que haya producción, pero sin agua no hay condiciones”. Riesgos ambientales Entre los riesgos de la reforma, Vilar enumeró la “pérdida irreversible de reservas de agua”, la “contaminación permanente de cuencas” por procesos químicos vinculados a la actividad minera y una “mayor variabilidad hídrica y sequías”. Según explicó, sin glaciares que actúen como reguladores naturales, “el agua fluye de manera torrencial en primavera y desaparece en verano”.

Además, advirtió que “la flexibilización beneficia a algunas empresas, pero el costo lo pagan las comunidades”. La ministra sostuvo que la reforma vulnera tres pilares jurídicos. En primer lugar, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Congreso a fijar presupuestos mínimos ambientales.

También el Acuerdo de Escazú, ratificado por unanimidad en 2020, que establece el principio de no regresión ambiental. Y, por último, la Ley General del Ambiente, que consagra los principios de progresividad y de protección de bienes comunes para las generaciones futuras. En ese marco, cuestionó el argumento de que la modificación otorgaría mayor previsibilidad a las inversiones. “Cambiar la ley para ‘flexibilizarla’ no da seguridad jurídica”, afirmó.

Según explicó, “cuando las reglas son claras los proyectos saben dónde pueden operar, lo que reduce conflictos y da previsibilidad”, mientras que la reforma “abre un escenario de litigiosidad permanente”. Audiencias públicas La funcionaria también criticó el esquema de audiencias públicas previsto en el Congreso. Señaló que más de 50.000 personas se inscribieron para participar, pero el Gobierno nacional propone realizar solo dos jornadas, lo que permitiría la exposición de 266 personas, menos del 1%. "Pedimos a la gente y a las organizaciones que se sigan anotando para defender el agua del país", dijo.

Para Vilar, esa limitación “es ilegal”, ya que vulnera el derecho a la participación ambiental establecido en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. En paralelo, la ministra vinculó la discusión de la ley con el marco de políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. Mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que -según señaló- establece beneficios como libre disponibilidad de divisas desde el cuarto año, arancel cero para importaciones de maquinaria y eliminación de retenciones tras el tercer año.

También aludió a la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y sostuvo que “las empresas estadounidenses quieren acceso preferencial a litio, cobre y tierras raras”. En ese sentido, afirmó que el acuerdo bilateral incluye el compromiso de promover un uso más intensivo de los recursos naturales, especialmente en el sector minero. Además, señaló que el programa del FMI proyecta que las exportaciones mineras podrían multiplicarse por diez si se aplican determinadas reformas y que “la Ley de Glaciares aparece como uno de los principales obstáculos”.

Para la ministra, el problema no radica en la legislación vigente sino en su aplicación. “No hace falta una nueva ley sino mejorar su implementación”, afirmó. Entre las propuestas mencionó fortalecer el IANIGLA, garantizar presupuesto para completar y actualizar el Inventario Nacional de Glaciares, incorporar tecnología satelital para monitoreo permanente, crear un sistema federal de información hídrica compartido entre provincias y establecer mecanismos de fiscalización y sanción más efectivos.