La presión vecinal y el apoyo de colectivos sociales han logrado aplazar el desahucio de Ya Amou, una mujer maliense que vive con sus dos hijas y su nieta recién nacida en el barrio madrileño de Lucero. El desalojo estaba previsto para este martes 26 de mayo, pero esta mañana los juzgados notificaron tanto a Ya Amou como al Sindicato de Inquilinas que se pospone durante un mes, lo que supone un respiro para esta familia que llegó a España en 2009 en busca de mejores oportunidades. El fondo de inversión Mona ITG, propietario actual del piso, ha ordenado su desalojo a pesar de que la familia no dispone de una alternativa habitacional y atraviesa una situación de especial vulnerabilidad, ya que la hija adolescente de Ya Amou dio a luz el pasado 20 de abril.

PUBLICIDAD “Este aplazamiento se produce gracias al trabajo de presión sindical que se ha realizado en los juzgados, en base al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da un plazo de un mes por motivos de vulnerabilidad. Sin embargo, esta medida es insuficiente, pues este fondo buitre con sede en Luxemburgo se niega a negociar un acuerdo con Ya Amou tras meses de acoso inmobiliario”, explica el sindicato en un comunicado. Esto se suma, añade la organización, “a la falta de medidas tanto del Gobierno de España como del de la Comunidad de Madrid para proteger a las inquilinas”.

El Sindicato de Inquilinas reclama al Gobierno central que tome medidas firmes, “deje de favorecer los intereses de los grandes propietarios” y suspenda de inmediato todos los desahucios. También pide a Mona ITG que ponga fin al acoso inmobiliario y “se siente a negociar de forma justa” para que Ya Amou y su familia puedan permanecer en la vivienda. “Estaremos más organizadas y preparadas si intentan volver a desahuciar a nuestra vecina”, advierten. PUBLICIDAD “Estrategia de desgaste” Según explica la organización, la relación de Ya Amou con la propiedad de la vivienda ha estado marcada por constantes obstáculos y promesas incumplidas.

En un primer momento, el fondo le ofreció comprar el piso por 110.000 euros y, tras lograr reunir esa cantidad con mucho esfuerzo, la empresa aumentó el precio hasta en dos ocasiones, hasta llegar a los 150.000 euros. Cuando finalmente consiguió reunir todo el dinero, la venta fue rechazada. “Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla”, afirma el sindicato.

Paca Blanco, activista por el derecho a la vivienda, denuncia la precaria situación de los mayores frente a los desahucios. Un testimonio desgarrador sobre vivir con la incertidumbre de perder tu hogar y un llamado a la organización colectiva. El proceso judicial también presentó complicaciones desde el inicio.

Sin dominio del español, Ya Amou recurrió a los servicios sociales tras recibir la demanda de desalojo, pero no recibió información sobre cómo solicitar justicia gratuita ni sobre la necesidad de personarse en el procedimiento, por lo que fue declarada en rebeldía y no pudo defenderse, asegura el sindicato. PUBLICIDAD El sindicato recuerda que el conflicto con la vivienda comenzó en 2005, cuando el marido de Ya Amou la compró. Años después, la familia acumuló una deuda hipotecaria de 5.000 euros por un intermediario que no realizó los pagos al banco mientras el esposo estaba en Mali.

Tras perder la propiedad en un juicio, Abanca les permitió permanecer como inquilinos con un alquiler social, aunque después el piso fue adquirido por Mona ITG. PUBLICIDAD PUBLICIDAD