Bogotá, 18 oct (EFE).- La Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi) de Colombia volvió a disolver este domingo una protesta frente al Museo Nacional de Bogotá en la que los manifestantes rechazaron, por segundo día consecutivo, la retirada de al menos treinta piezas de su colección por orden del Gobierno. La primera intervención ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (20:00 GMT), cuando los agentes utilizaron un vehículo lanzagua en la carrera Séptima, una de las principales vías de la capital. PUBLICIDAD Minutos más tarde, algunos manifestantes volvieron a reunirse frente al museo y la Policía volvió a disolver la concentración con chorros de agua, bombas aturdidoras y gas lacrimógeno. Esta es la segunda jornada consecutiva de protestas convocada por artistas, colectivos sociales y ciudadanos, ante la retirada de al menos 30 afiches, fotografías y objetos relacionados con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. PUBLICIDAD Los manifestantes consideran que la retirada de las piezas constituye un intento de borrar parte de la memoria histórica del país y silenciar las luchas sociales de los colectivos representados en ellas. La movilización del sábado también terminó con una intervención de los antidisturbios, que fue rechazada por autoridades como la defensora del Pueblo, Iris Marín, que la calificó de "desproporcionada" e "innecesaria", al tratarse de protestas pacíficas. Estos operativos se producen días después de la entrada en vigor de un decreto firmado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que modifica las reglas de actuación policial durante las manifestaciones y permite intervenir contra quienes cometan actos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes. PUBLICIDAD La norma mantiene la obligación de proteger las protestas pacíficas, pero organismos como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron de que algunas de sus disposiciones podrían facilitar el uso de la fuerza y debilitar las garantías del derecho a la protesta. EFE (foto)