Hay una idea que se ha instalado en la Argentina contemporánea: que mientras la economía funcione, todo lo demás puede esperar. Que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal o la estabilidad financiera alcanzan para compensar cualquier déficit institucional. Y los hechos de los últimos días vuelven a demostrar que no es así.

El caso de la jueza María Verónica Michelli es un ejemplo revelador. Se trata de una magistrada con una trayectoria académica y profesional difícil de cuestionar. Especialista en Derecho Penal, docente universitaria, con estudios de posgrado en instituciones de prestigio internacional y una carrera construida durante años dentro del ámbito judicial.

Sus antecedentes parecen suficientes para justificar cualquier ascenso dentro de la estructura judicial. Sin embargo, el Senado resolvió no tratar su pliego. Y hasta allí podría tratarse de una discusión política más.

Lo preocupante vino después. Desde distintos sectores comenzó a instalarse la idea de que la jueza no debía acceder al cargo debido a un supuesto conflicto de intereses derivado de un vínculo familiar con un periodista. Más tarde, esa interpretación encontró eco en las más altas esferas del poder político.

Aquí aparece el verdadero problema. Porque si el criterio para evaluar la idoneidad de un juez pasa a ser la actividad profesional de sus familiares, entonces ingresamos en un terreno extremadamente peligroso. ¿Desde cuándo el parentesco constituye una inhabilidad profesional?

¿Desde cuándo los vínculos familiares reemplazan a los antecedentes, la conducta y los méritos personales? Más aún: la noción de conflicto de intereses exige una relación concreta entre una función y un beneficio potencial. No alcanza con una conexión hipotética o indirecta.

De lo contrario, cualquier funcionario, juez, legislador o ministro podría quedar bajo sospecha permanente. La paradoja es evidente. Mientras se denuncia un supuesto conflicto de intereses basado en relaciones familiares, muchas veces se pasan por alto situaciones mucho más relevantes dentro del propio sistema político.

La vara parece modificarse según la conveniencia de cada circunstancia. Todo esto ocurre, además, en un contexto preocupante para la calidad institucional. La discusión pública ya no gira alrededor de los antecedentes profesionales de una candidata, sino alrededor de quién es familiar de quién, quién habla con quién y qué simpatías políticas tiene cada actor involucrado.

El resultado es una degradación del debate. La pregunta central debería ser muy simple: ¿la jueza reúne o no reúne las condiciones para ejercer el cargo? Si la respuesta es afirmativa, el análisis debería terminar allí.

Si la respuesta es negativa, las razones deberían ser jurídicas, técnicas o profesionales, nunca personales. La Argentina necesita una economía ordenada. Pero también necesita instituciones fuertes.

Porque cuando las instituciones comienzan a funcionar según simpatías, enemistades o conveniencias circunstanciales, el problema deja de ser el de una jueza o el de un gobierno. El problema pasa a ser de todos.