Como era de esperar, el Gobierno le bajó el precio a la multitudinaria marcha federal universitaria en la Plaza de Mayo. El Presidente, ministros y funcionarios de segunda y tercera línea minimizaron la movilización y la compararon con la de abril de 2024, una de las más convocantes desde el regreso de la democracia. En el Ejecutivo reconocen que apuestan a mantener una disciplina fiscal para contentar a inversores y para no comprometer indicios de recuperación, aunque la conflictividad social escale.

En el Gobierno no guardan demasiado optimismo por el desenlace final en la Justicia, ahora que la Corte Suprema debe definir por el recurso extraordinario federal, pero eligen ver el vaso medio lleno. “Salga como salga el fallo, mientras tanto tenemos superávit”, razonó un asistente a la reunión de la mesa política. En esa instancia volvió a ser de la partida Luis Caputo mientras que el sobrino del ministro de Economía, el asesor Santiago Caputo, tuvo un faltazo sugerente horas antes de que se oficializara que Sebastián Pareja fue electo como presidente de la bicameral de Inteligencia que tiene que controlar a la SIDE. En el rectorado de la UBA y en las oficinas del Consejo Interuniversitario Nacional hubo reuniones este miércoles al mediodía para evaluar el resultado de la marcha.

Hubo más conformidad que euforia, porque la situación es acuciante. Nadie espera que el Gobierno tienda un puente, como ocurrió después de otras marchas. A pesar del panorama, el Consejo Superior de la UBA emitió una resolución a la que tuvo acceso Clarín en la que agradece el apoyo, insta al Ejecutivo a pagar y reclama a la Corte que se expida a "la mayor brevedad posible" para "garantizar la plena vigencia de la ley y la protección del sistema universitario argentino".

La UBA también exigió al juez de primera instancia que se expida cuanto antes sobre la cuestión de fondo. Los rectores descartan la posibilidad de convocar una marcha hacia Tribunales para presionar al máximo Tribunal, que tiene la última palabra. La Procuración le pidió a los magistrados que convoquen a conjueces, porque varios de los supremos ejercen como profesores universitarios y según la visión oficial, no podrían ser imparciales. “La situación es muy particular porque está cruzada por los ruidos del Gobierno con la Corte.

Está el tema de pliegos que se enviaron al Senado y la relación con (Horacio) Rosatti. Hay muchos componentes que podrían influir, pero antes que eso hay que ver si la Cámara hace o no una aclaratoria sobre el carácter suspensivo o no de la medida, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario en la Corte", dijo a Clarín un funcionario al tanto de negociaciones previas con las universidades. Javier Milei busca enviar una señal clara a los mercados y al FMI de que mantendrá el equilibrio fiscal a todo costa, aun en detrimento del apoyo a la gestión y a pesar de la caída de la recaudación.

En la antesala de la marcha, el Ejecutivo podó recursos para obras en universidades y también para el plan de alfabetización, que habían elogiado técnicos de todo el arco político. El Gobierno reasignó gastos por $2.5 billones, el costo que había calculado que le costaría ejecutar la ley para las universidades. El Ministerio de Capital Humano también frenó semanas atrás el programa de vouchers de educación en lugar de planes sociales tras un fallo de la Justicia Federal que lo obligó a dar marcha atrás con la eliminación del programa Volver al Trabajo. “Marcha política.

Defienden sus cajas usando la educación como bandera (...) Auditar es cuidar la educación pública”, decía el posteo en Instagram que el mandatario compartió, aunque no se ajusta demasiado a la realidad, puesto que es la AGN por pedido del Congreso la que debe fiscalizar a las casas de estudio. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, fue el más enfático contra un reclamo transversal y señaló al rector de la Universidad de Río Negro por sus presuntos vínculos con la política. Este miércoles volverá a la televisión para trenzarse con rectores.

Los principales voceros del Ejecutivo descansaron sobre la tesis de una marcha partidizada. Cerca de los rectores sostienen que ni Pettovello ni Alvarez tienen voz y voto en el Gobierno. "Caputo les pisa los pagos. Tienen problemas de plata.

No tienen un mango y no lo quieren aceptar", se quejan en un tono menos académico. En las redes, un territorio que empieza a ser esquivo también para el oficialismo, los alineamientos políticos se notaron más. Un estudio de la consultora Monitor Digital estableció que términos como “Gracias”, “Apoyo” u “Orgullo” coparon el centro de la narrativa, mientras que los términos negativos se vincularon directamente con las apelaciones políticas de los manifestantes contra el gobierno: “ajuste”, “corrupción” y “crisis”.

En el Congreso ya no hay agua en la pileta para que el oficialismo insista con una nueva ley de financiamiento como la que Alvarez y otros funcionarios habían negociado con los rectores. En la reunión de mesa política que Karina Milei convocó a la misma hora en la que había decenas de miles de personas en Plaza de Mayo, se notificó que se enviarían nuevos proyectos a la media docena que están planchados en el Congreso. Adorni, que presentaría su Declaración Jurada a fin de mes, informó a todos los integrantes -salvo al ausente Caputo- los proyectos que se enviarán al Legislativo y se anexarán al más relevante Super RIGI.

Se trata de una batería de normas pensadas por Federico Sturzenegger, que también es el autor de la Ley Hojarasca, que tampoco se mueve por ahora en Diputados. Entre ellas se cuentan la ley de cabotaje, para la libre navegación de los ríos; la ley de defensa de la competencia; la ley de reforma del Estado y una nueva ley de sociedades. Los responsables de la mesa política desconocen el contenido de los proyectos craneados por el “Coloso”, como el Presidente llama al ministro de Desregulación. “Es lo normal, tenemos tres proyectos en discusión y vamos avanzando, vienen dos o tres más y se estudian hasta llegar a un acuerdo, es un mecanismo razonable”, sostuvo uno de los jefes parlamentarios sobre la estrategia legislativa, que -primero- incluye evitar el quórum para la interpelación al jefe de Gabinete, que diputados empujarán este jueves.

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