Las comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, y de Legislación General del Concejo Deliberante de Córdoba aprobaron este miércoles un despacho conjunto que regula el estacionamiento controlado en la vía pública y redefine el rol de los llamados "naranjitas" o cuida coches. El texto pasará el jueves 14 a votación en el recinto, con una mayoría ampliada de concejales. En total, once proyectos abordaban el mismo tema.

Los del bloque oficialista y el del concejal Gabriel Huespe, de Ciudadanos, fueron compatibilizados en un único despacho. Los de la UCR, el PRO y Cordobeses por la Libertad no fueron incorporados, a pedido de sus propios autores. Cómo funcionará el nuevo sistema El sistema de estacionamiento medido y controlado se aplicará en zonas que definirá el Departamento Ejecutivo Municipal.

El cobro regirá de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 14. Para eventos de concurrencia masiva, habrá un capítulo especial que autorizará a cooperativas a gestionar el control puntualmente. La tarifa se fijó en el equivalente al 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje.

En eventos, ese porcentaje sube al 100%. Los pagos serán exclusivamente digitales, a través de una aplicación. No habrá manejo de dinero en efectivo.

Cooperativas y reparto de fondos El servicio lo prestarán cooperativas inscriptas ante el municipio, que deberán cumplir todos los requisitos legales de conformación y también las exigencias para el personal asociado. Los "constatadores" de estacionamiento —como los denomina el proyecto— pasarán a operar bajo esa figura. El reparto de los fondos recaudados quedó establecido así: el 80% irá a las cooperativas y el 20% restante a la Municipalidad.

También se incorporó un capítulo de sanciones por incumplimientos. Las infracciones previstas incluyen el cobro sin autorización, la prestación irregular, la falta de seguros y el maltrato a vecinos o inspectores. Para quienes cobren sin estar autorizados, las penalidades van desde multas y trabajo comunitario hasta la prohibición de circular por determinadas zonas de la ciudad.

Sin efectivo: la app como único canal de cobro El texto prohíbe expresamente el cobro en efectivo. Todos los pagos deberán realizarse mediante medios digitales que determine la Autoridad de Aplicación. El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá la obligación de implementar una aplicación accesible que permita, como mínimo, identificar zonas afectadas, acceder a geolocalización, iniciar y finalizar el estacionamiento, consultar información del sistema y activar un sistema de alerta ante emergencias.

Quiénes pueden ser "constatadores" La ordenanza incorpora un artículo específico sobre el perfil de las personas que prestarán el servicio, denominadas "constatadores". Para ejercer la función deberán acreditar mayoría de edad y aptitud psicofísica, presentar certificados de antecedentes nacionales y provinciales sin causas o condenas penales pendientes, no registrar empleo registrado vigente y tener domicilio en la ciudad de Córdoba. Además, deberán usar uniforme oficial con identificación visible de la cooperativa y portar credencial.

La normativa exige también formación obligatoria en comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, RCP y primeros auxilios, seguridad vial, atención al ciudadano, normas de tránsito y uso de herramientas digitales. La función de los constatadores quedó precisada en el texto: verificar que los usuarios hayan iniciado el sistema digital de estacionamiento y, en caso contrario, dar aviso a la autoridad competente. La ordenanza aclara expresamente que no podrán ejercer funciones propias del poder de policía municipal.

Las multas: de 15 a 300 UEM y trabajo comunitario El régimen de sanciones alcanza tanto a las cooperativas concesionarias como a quienes operen sin autorización. Para las cooperativas, las infracciones van desde la prestación irregular del servicio —multa de hasta 15 UEM— hasta la presentación de documentación falsa o el entorpecimiento de las facultades de control —hasta 300 UEM cada una. La falta de seguros se sanciona con hasta 150 UEM.

Para quienes cobren el servicio sin adjudicación de concesión, la multa llega a hasta 50 UEM. Quien opere sin autorización legal en la vía pública exigiendo dinero o especies enfrentará hasta seis días de trabajo comunitario, multa de entre 5 y 25 UEM, y/o prohibición de concurrencia a determinadas zonas. En el contexto de eventos masivos, el mínimo y el máximo de esa multa se duplican.