El Gobierno bonaerense mantiene bajo siete llaves el estado de las deudas de la provincia de Buenos Aires. En pocas palabras a Kicillof no le cierran los números, y busca refinanciar el pasivo. Motivo por el cual los senadores de La Libertad Avanza presentaron un pedido de informes para saber el "estado real" de la deuda pública provincial.

El pedido de informes que incomoda a Kicillof El planteo libertario incomoda al ejecutivo bonaerense ya que es antes de que Kicillof salga a buscar en el mercado un salvataje financiero. El proyecto, de los senadores provinciales de La Libertad Avanza, se respalda en el informe técnico que al gobierno de la provincia de Buenos Aires le cuesta digerir: un fallo del propio Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) bonaerense. Dicho dictamen, emitido el 30 de abril de 2026 sobre el ejercicio de 2024, que dejo al descubierto una serie de irregularidades que el bloque violeta de la Cámara Alta califica de "gravedad institucional".

Un "rulo" de Letras que esquiva al Congreso Uno de los puntos más calientes del reclamo opositor apunta a cómo el Ministerio de Economía bonaerense financia el día a día. El pedido de informes advierte sobre una "acumulación sistemática de obligaciones de corto plazo entre ejercicios presupuestarios" que pasa de largo del control de los legisladores. Básicamente, deuda que se patea para adelante sin que nadie la discuta en el recinto. "Los saldos de Letras del Tesoro no rescatados al cierre de cada ejercicio son incorporados al programa del siguiente mediante una interpretación de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto que opera con escasa visibilidad parlamentaria", detalla el documento de La Libertad Avanza.

Para ponerle números al asunto: al cerrar el año 2023, la Provincia arrastraba un saldo de $89.662.000.000. Esa bola de nieve se convirtió, para el ejercicio 2024, en un Programa de Letras equivalente a la impactante cifra de 300 millones de dólares. Los libertarios exigen saber bajo qué autorización legislativa se operó semejante maniobra.

El fantasma del default: juicios y "muertos" desde 2001 El segundo foco de conflicto desnuda que la Provincia sigue pedaleando deudas históricas y recientes. El texto revela la existencia de pasivos en cesación de pagos crónicos, con 17 juicios que ya tienen sentencia firme e inapelable por incumplimientos previos al año 2002. A eso se le suman otros dos juicios con sentencia firme por el "efecto Kicillof": la suspensión de pagos decretada por su gestión en abril de 2020.

Desde La Libertad Avanza buscan que la Provincia blanquee el impacto fiscal real de estas sentencias y si existen medidas cautelares sobre bienes provinciales. El dato que genera más ruido político es que los 14 acuerdos de desestimación firmados por el Ministerio de Economía "no implican liberación de obligaciones ni extinción de la deuda subyacente", según reconocieron los propios funcionarios ante el Tribunal de Cuentas. Es decir, el peligro de ejecución sigue latente.

El "apagón" financiero de la Provincia Quizás el dato más insólito y que más sospecha despierta en la oposición es la falta de papeles básicos de transparencia. El proyecto denuncia que la jurisdicción específica de "Servicios de la Deuda Pública" opera en una especie de limbo contable: no presenta Estado de Situación Patrimonial, ni Estado de Movimiento de Fondos, ni Estado de la Deuda Pública. Para los senadores de La Libertad Avanza, el área que maneja los vencimientos de la provincia no muestre estos balances "no es una cuestión técnica menor: es una anomalía que compromete la transparencia fiscal, dificulta el control externo y afecta la calidad de la información".

La pregunta que flota en el aire de La Plata es obvia: ¿quién dio la orden de esconder esos datos? Primero los números, después la billetera La postura del bloque opositor es tajante y busca frenar cualquier intento oficialista de emitir nuevos bonos o renegociar contratos a ciegas. Amparados en el artículo 90 de la Constitución provincial, exigen que Kicillof ordene sus prioridades antes de pedir más plata. "La ciudadanía bonaerense tiene derecho a saber cuánto debe su provincia, a quién, en qué condiciones y cuál es el plan para honrar esas obligaciones", concluye el texto parlamentario.

Mientras la Provincia busca aire financiero en un contexto nacional complejo, la oposición planta bandera y avisa, no habrá debate económico posible mientras la deuda bonaerense siga guardada bajo siete llaves.