ONU Colombia, a través de la Oficina para los Derechos Humanos, reiteró el llamado a que los grupos armados no estatales respeten el Derecho Internacional Humanitario, subrayando que esta obligación incluye la protección de la vida, la libertad y la libre circulación tanto de la población local como del personal de organismos estatales e internacionales. En este contexto, la organización alertó que las restricciones impuestas en varias regiones del país por el Estado Mayor Central (EMC), principal grupo disidente de las FARC, comprometen de manera significativa el acceso a la ayuda y la supervisión independiente sobre las condiciones de comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia. De acuerdo con ONU Colombia, la decisión del EMC limita la asistencia y protección en zonas donde la presencia institucional resulta fundamental para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad.

El medio detalló que la coordinadora residente y humanitaria de Naciones Unidas en el país, Mireia Villar, manifestó rechazo a los anuncios del EMC sobre la imposición de restricciones al ingreso de misiones extranjeras y nacionales en áreas bajo su control. Según el comunicado oficial difundido el jueves, las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento y monitoreo dirigido a la población civil y obstaculizan la provisión de servicios esenciales para quienes más los requieren. Tal como informó la entidad internacional, las medidas dadas a conocer por el EMC, cuya dirigencia recae en Néstor Gregorio Vera, identificado como “Iván Mordisco”, aparecieron en un comunicado donde el grupo notificó que considera “restringido” el acceso de organismos como la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo, en los territorios bajo influencia política y militar del grupo armado.

El EMC argumentó su decisión afirmando la existencia de “graves violaciones de confianza y neutralidad”, señalando que labores humanitarias y misiones de verificación se habrían utilizado para obtener información sobre sus posiciones, lo que, desde su perspectiva, facilitó posteriores operativos militares en su contra. En el mismo documento, el EMC cuestionó las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, acusando una “manipulación” atribuida a responsables regionales que distorsionaría la realidad en el terreno y aportaría elementos para generar alarma y justificar acciones armadas contra las FARC-EP. Añadió que a partir de ahora solo permitirá la entrada de misiones humanitarias acompañadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), siempre y cuando cumplan condiciones expuestas en el comunicado relativas a la “neutralidad absoluta, secreto y confidencialidad”.

ONU Colombia remarcó, según reportó el medio, que las organizaciones internacionales y nacionales de carácter humanitario sustentan su trabajo en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Insistió en que la observancia y respeto de estos valores resulta esencial para evitar restricciones de acceso, alegaciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad tanto de las misiones como de la población civil. De igual modo, el comunicado de ONU Colombia enfatizó la urgencia de “respetar plenamente el espacio humanitario” y garantizar un acceso seguro, sin obstáculos ni demoras, a todas las entidades humanitarias, sin distinción entre agencias internacionales o estatales.

Según consignó la ONU, la determinación del EMC de restringir el ingreso a zonas bajo su control transforma el entorno en el que normalmente opera la asistencia humanitaria y dificulta la verificación independiente de la situación de derechos humanos en regiones caracterizadas por altos niveles de necesidad. El rol del CICR quedaría garantizado de forma condicional, bajo términos fijados por el EMC, restringiendo aún más el accionar de agencias internacionales en el área. El impacto de estas limitaciones afecta principalmente a comunidades que dependen de la presencia de observadores externos para relatar su situación y acceder a ayuda básica.

Las misiones internacionales, junto a organismos nacionales, desempeñan funciones de monitoreo que buscan proteger a civiles, vigilar el respeto a los derechos humanos y asegurar la prestación de servicios humanitarios en escenarios de conflicto. La decisión formalizada por el EMC coincidió, según lo publicado por ONU Colombia, con un momento crítico en la relación entre organismos internacionales y grupos armados sobre el terreno, debido a la exigencia de este último de garantizar niveles de neutralidad y confidencialidad que no resultan compatibles con los estándares de verificación e independencia requeridos para la protección de los derechos humanos. ONU Colombia reiteró su solicitud de que todas las restricciones se levanten y se reconozca plenamente la función humanitaria e independiente de las organizaciones internacionales y nacionales que operan en Colombia.

Desde el punto de vista de la respuesta humanitaria, no contar con monitoreo internacional y nacional implica que numerosas regiones quedarían expuestas a la ausencia de informes fiables y a un vacío en la protección de civiles. La intervención de actores internacionales, señala ONU Colombia, ofrece una garantía adicional de protección para las personas expuestas a violencia, desplazamiento y carencias extremas. Naciones Unidas subraya que el cumplimiento de las normas humanitarias internacionales constituye el único camino para la salvaguardia y la mejora de la situación de quienes se encuentran en mayor riesgo.

La decisión del EMC de canalizar toda la asistencia futura a través del CICR, bajo condiciones definidas unilateralmente, introduce una dinámica distinta en la gestión de la ayuda y la supervisión en terreno. De acuerdo con lo informado, esta condición establece límites estrictos para la actuación de otros organismos, ya que la colaboración quedaría supeditada a criterios de neutralidad y confidencialidad interpretados de forma exclusiva por el grupo armado. La postura de la ONU recogida en el comunicado insiste en que las organizaciones internacionales y nacionales no solo prestan ayuda material y protección inmediata, sino que generan mecanismos de denuncia y seguimiento que contribuyen a la prevención de nuevas afectaciones a los derechos humanos.

La falta de acceso y el impedimento al trabajo de estos organismos incrementan la situación de vulnerabilidad y pueden derivar en una mayor inseguridad para la población civil. Por último, ONU Colombia, acorde a lo registrado en sus comunicaciones, instó al EMC y a todos los actores armados del país a respetar en su totalidad las obligaciones internacionales relativas al trato de la población civil, el personal de organismos humanitarios, y los empleados estatales y sociales que desarrollan labores en regiones inmersas en el conflicto armado.