Hay una tesis incómoda que atraviesa la historia del siglo veinte: las dictaduras más violentas no se explican solamente por el terror que ejercen, sino por el apoyo social que obtienen al inicio de sus regímenes. Ian Kershaw, quizá uno de los mayores especialistas en el estudio del nazismo, lo formuló con precisión: el sistema impuesto por Adolf Hitler no solo fue tolerado, sino incluso justificado, por una gran parte de Alemania cuando el Tercer Reich daba sus primeros pasos. Para explicarlo, en Hitler, los alemanes y la Solución Final, Kershaw desarrolla el concepto de “trabajar para el Führer”: militares, pero también burócratas y amplios sectores de la sociedad civil actuaban normalizando las condiciones impuestas desde 1933.

Esa dinámica revela que el totalitarismo no funcionó solo por coerción, sino también por el consenso y la legitimidad que velozmente alcanzó, gracias a una red de complicidades y silencios que excedían ampliamente al aparato represivo. La gran mayoría de alemanes no eran nazis fanáticos, pero consintieron y se adaptaron al horror. La paradoja que se vislumbró en la Alemania de los treinta se repitió más tarde en la Argentina de los setenta.

La última dictadura no fue únicamente una imposición militar sobre un país inerme. Como han demostrado una gran cantidad de estudios, una amplia porción de la sociedad acompañó, toleró y hasta le dio la bienvenida al golpe de 1976. Las razones fueron múltiples: el hartazgo frente a la lucha política armada, la manifestación de una profunda crisis económica y el reclamo de orden frente a la anarquía.

Para gran parte de los argentinos, la dictadura se presentó como una única salida. Ese apoyo no siempre fue explícito ni entusiasta, pero existió en forma de beneplácito cotidiano, de convalidación de una realidad extrema que se reconstruía sobre la desaparición, la tortura y el asesinato. Pero tamaña pesadilla, no obstante, se convalidaba frente al mal mayor.

El perverso fenómeno ha sido sintetizado inteligentemente por Hugo Vezzetti a lo largo de su producción académica. “No se trató solo de un poder que se impuso desde arriba, sino de un orden que encontró formas de aceptación, adaptación y, en algunos casos, adhesión en la sociedad”, advirtió el investigador en Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. En su análisis, Vezzetti introdujo la idea de una “zona gris”, donde se ubicaban amplios sectores que no fueron ni víctimas directas ni perpetradores, pero que hicieron posible el funcionamiento de la Junta Militar.

La idea obliga a pensar que la dictadura no fue completamente ajena a la sociedad, sino que en gran parte fue habitada por ella. Ese debate regresa a cincuenta años del 24 de marzo de 1976, cuando la relectura del pasado muestra sus grietas, y en momentos en los que el país es gobernado por Javier Milei, el primer presidente desde 1983 que plantea abiertamente una revisión sobre el consenso democrático desde el cual se construyó la Argentina reciente. Milei viene impulsando una reinterpretación del período de los crímenes de lesa humanidad para borrar la condena a las violaciones a los derechos humanos. “Hubo una guerra en la Argentina en los años 70”, suele sostener en distintas entrevistas, y a partir de esa definición instala el negacionismo: “Los excesos fueron cometidos por ambos lados”.

Esta caracterización introduce un marco conceptual que desplaza la centralidad de la violencia estatal como categoría explicativa y reubica al terrorismo de Estado en un esquema de enfrentamiento, alterando el acuerdo republicano que fue edificado desde la recuperación del sistema constitucional. No se trata de un desliz discursivo, sino de una calibrada estrategia de comunicación política. Por caso, una de las principales voces del oficialismo, Agustín Laje, ha cuestionado directamente el paradigma que el histórico Juicio a las Juntas consolidó tras la condena a los militares.

En La batalla cultural, Laje sostiene que en Argentina “se ha construido una memoria parcial de los años 70” y critica que el relato dominante presente “al Estado como único victimario”. En conferencias y debates públicos, el principal intelectual del mileísmo, ha desarrollado esta idea como parte de una disputa más amplia por la hegemonía cultural, en la que la relectura del pasado ocupa un lugar central para proyectar el presente y, especialmente, el futuro. Gran parte de la sociedad argentina le dio la bienvenida al Golpe.

Las voces disruptivas del gobierno libertario se presentan cuando se produce un llamado de atención sobre el acuerdo de lo que las violaciones a los derechos humanos había representado en la Argentina. Un estudio de Memoria Abierta y Sociología de la UBA estableció que solo el 26% de los encuestados podía dar cuenta de quién es Alfredo Astiz, emblema de la represión militar. El trabajo también reveló que entre las personas de 16 a 20 años, el 62% desconocía los juicios por delitos de lesa humanidad.

Mientras que un relevamiento del Observatorio Pulsar de la UBA y Fundación Conciencia sostuvo que entre los jóvenes, solo el 54% afirma preferir la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno y hay un 15% que admite que en algunas circunstancias un régimen autoritario podría ser preferible. Es en ese contexto donde la advertencia de Hannah Arendt recupera toda su vigencia. Arendt, la cientista social que mejor supo interpretar el flagelo de los totalitarismos, estableció que el rasgo distintivo de los regímenes autoritarios no es solo la violencia que ejercen, sino el momento en que el terror deja de ser un instrumento excepcional y se convierte en un principio de gobernabilidad.

Cuando eso ocurre, el poder deja de estar limitado por la ley y pasa a organizarse por fuera del sistema de derecho, incluso contra esa misma ley y contra ese mismo sistema de derecho. El terror deja entonces de ser un exceso para convertirse en una forma de racionalidad política. No es la ruptura del orden.

Es, precisamente, su forma más brutal de funcionamiento. Por esa razón es tan necesario que la memoria social se mantenga siempre viva y que, a su vez, logre renovarse constantemente: es el único antídoto para impedir que la tragedia se repita. La lección que comparten Kershaw y Vezzetti es la misma: los sistemas más violentos se sostienen, principalmente, por un inocultable nivel de aceptación social.

Se trata de una población que apuesta por la irracionalidad como solución de última instancia. Dicho sin eufemismos: una sociedad que decide convalidar la locura como mal necesario. El dilema que se impone por estas horas es poder comprender si hoy, en nombre de peligrosos revisionismos, no se está abriendo la puerta para repetir el error: creer que la sinrazón puede ser relativizada o, peor aún, aceptada como condición necesaria e inevitable.

Para que no queden dudas, es imperioso decirlo sin rodeos: cincuenta años después del golpe de Estado más sangriento de la historia, la sociedad argentina vuelve a apostar por un salto al vacío bajo la pretendida excusa de justificar lo injustificable como única opción viable.