Mientras Javier Milei vende prosperidad y oportunidades de inversión desde París, La Libertad Avanza pasa a la defensiva con la agenda legislativa del Presidente en el Congreso. Desde la reciente polémica por la ley de Tierras, pasando por la emergencia en discapacidad, la crisis de morosidad y la defensa de la soberanía de las Malvinas, el oficialismo tuvo que ceder en los principales proyectos encargados por la mesa política para el último trimestre del período ordinario de sesiones. Tras el fallo de la Corte Suprema que repuso la derogación de la ley de Tierras, dejó de regir el tope del 15% de titularidad extranjera sobre el territorio rural y se desató una crisis interna en el gobierno nacional.

La oposición volvió a la carga en Diputados contra el DNU 70/2023 y desde La Libertad Avanza ahora se preparan para introducir cambios en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya fue aprobada en el Senado. Para evitar que la oposición, en la sesión solicitada para el 15 de este mes en Diputados, complete el rechazo al DNU 70/2023 que desregula prácticamente todos los sectores de la economía, LLA introduciría un artículo en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para limitar la venta de tierras a extranjeros. Una nueva marcha atrás del Gobierno en el Congreso que revela la fragilidad de mapa de acuerdos de la Casa Rosada con los gobernadores.

Cambios en el Congreso La lógica es ofrecerles a gobernadores aliados y dialoguistas una salida para fijar posición sobre la venta de tierras sin avanzar contra el DNU 70/2023. Las alternativas se analizan en el despacho de Martín Menem. Una de las versiones habla de un tope del 15%, pero el oficialismo no se entusiasma del todo.

Fuentes libertarias admitieron que no lo descartan, pero prefieren no abrir el debate sobre propiedad privada, un proyecto que además incluye capítulos que el Gobierno quiere sancionar, como los juicios sumarios por desalojo. Además hay riesgos: que la oposición no acepte negociar por separado e insista en rechazar el DNU, o que el artículo 154 sufra nuevos reveses judiciales por otros amparos. Miguel Pichetto, por su parte, propuso sumar la restitución de la ley de Tierras a la ley de Soberanía, lo que deja a Milei frente a su propio relato malvinero: es difícil pedir unanimidad en defensa de los recursos de las islas y, al mismo tiempo, defender la venta ilimitada de tierras.

El Presidente que, al asumir su cargo calificó al Congreso de "nido de ratas", hoy depende en buena parte de los legisladores aliados para mantener a flote su agenda de cara a la campaña para la reelección. En ese contexto, el giro más llamativo es el de Malvinas. Milei que se definía como admirador de Margaret Thatcher y defensor de la autodeterminación de los kelpers anunció en cadena nacional un proyecto de defensa de la soberanía.

El giro de Javier Milei La ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresó a Diputados el 14 de septiembre y busca herramientas para defender los intereses argentinos sobre los recursos de las islas. Se complementa con dos decretos para endurecer sanciones contra la explotación petrolera de Sea Lion, el proyecto de capitales británicos e israelíes. El texto reforma la denominada ley Solanas, reactiva la Base Naval Integrada que el propio Gobierno había frenado y crea un Consejo de Seguridad Nacional bajo sospecha por el uso de fondos reservados de la SIDE.

Si en la cuestión Malvinas hay un giro del relato, en materia de discapacidad directamente se trata de un repliegue. El 9 de septiembre el oficialismo no pudo evitar la sesión opositora que emplazó a las comisiones para tratar la emergencia en discapacidad, cambió de estrategia a último momento, bajó al recinto y aportó al quórum para no mostrar una imagen de derrota. Los emplazamientos salieron con 249 votos afirmativos.

El Presupuesto 2027 había provocado el incendio: su Capítulo VI proponía derogar la movilidad de las pensiones por discapacidad y dejar su actualización a discreción del Ejecutivo. La respuesta fue un volantazo. El oficialismo logró dictamen de mayoría con 42 firmas, contra 36 de la prórroga de la emergencia.

El texto mantuvo la compatibilidad del empleo formal con la pensión no contributiva por invalidez, garantizó los fondos de Incluir Salud y restableció la indexación mensual de los aranceles a prestadores, descartando el ajuste original. Todo sin decir "emergencia", palabra que el bloque libertario no quiere pronunciar. Todo con el agravante de la renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría de Discapacidad por "razones personales".

El dictamen de mayoría que el oficialismo logró imponer por la crisis de morosidad refleja un fenómeno similar. Primero, LLA se negó a debatir el tema y Lugo tuvo que ceder para negociar. Después, la dilación y, ante la certeza de que la oposición tenía los números, la bancada libertaria presentó una iniciativa propia, que según apunta más educación financiera que a un salvaje o reestructuración de las deudas.

Así, gobernadores y bloques provinciales vienen midiendo el precio de cada voto de cara al tratamiento del Presupuesto. Desde la Casa Rosada, por pedido de Karina Milei, les habrían hecho saber que debían retirar su apoyo a las iniciativas de endeudamiento y emergencia en discapacidad si querían una alianza electoral en 2027 en sus provincias.