La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR buscan imponer su propio proyecto de ley sobre morosidad familiar y capitalizar un tema que instaló la oposición. El debate tendrá una primera definición este martes a las 14, cuando se reúnan las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para dictaminar. Hay gran expectativa por las casi 6 millones de personas con pagos atrasados en todo el país. Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda trabajan a contrarreloj para unificar un texto en base a casi 80 proyectos que se acumularon desde 2025. Sin embargo, el oficialismo y sus socios están en condiciones numéricas de imponerse en las comisiones, paso previo para la votación en el recinto. Las negociaciones de uno y otro lado están al rojo vivo. Aunque aún no está cerrada la letra chica de los dictámenes, la propuesta de La Libertad Avanza no intervendría en las deudas de las familias. La premisa es la que marcó el presidente Javier Milei: que se trata de un tema “entre privados”. Por eso, las medidas apuntarían a generar educación financiera, concientización, prevención, mayor información al consumidor y transparencia en la composición de tasas y costos financieros. En cambio, la oposición apunta a crear un esquema de refinanciamiento de las deudas, cuyos detalles están en plena negociación. Según supo este medio, el programa regiría durante 180 días, en el marco de la declaración de una nueva emergencia. Podrían acceder aquellas personas que asumieron deudas de hasta el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales medidas por el Indec, para afrontar gastos de consumo (no para gastos suntuosos). A ello se aplicaría la Tasa TAMAR (que es la tasa de interés de referencia que refleja cuánto pagan los bancos argentinos por los depósitos a plazo fijo de grandes montos) más un 25%. La propuesta sería una reestructuración en por lo menos 12 cuotas (que podrían ascender hasta 60), y que cada cuota no pueda superar el 30% del ingreso. Además, se quitarían intereses punitorios. Para elaborar esta propuesta, se tomaron como referencia proyectos como los de Raquel “Kelly” Olmos, exministra de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández; el economista Itai Hagman, del sector de Juan Grabois; la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas), entre los casi 80 expedientes que hay sobre la mesa. La otra alternativa Los diputados del “cordobesismo” Alejandra Torres, Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo presentaron semanas atrás su propio proyecto sobre endeudamiento familiar, que fue acompañado por otros integrantes de Provincias Unidas. Sin embargo, quien tendrá la lapicera este miércoles en nombre del PJ cordobés es Ignacio García Aresca, quien expresa la postura de Martín Llaryora e integra la comisión de Finanzas. Según explicó Torres en el plenario de comisiones, su proyecto genera un “equilibrio” entre tres actores: los deudores morosos, el Estado y el prestamista, ya sean bancos, fintech o tarjetas. Lo que propone es una refinanciación de las deudas con créditos ajustados a tasa UVA con una tasa máxima de 7,5% anual y un plazo de hasta cinco años para ser saldados. También se apunta a generar incentivos: que esos créditos estén eximidos del IVA, y que se invite a provincias y municipios a reducir o eliminar Ingresos Brutos, Sellos y tasas locales aplicables a estas operaciones. “Si uno tuviera que simular un crédito de estas características, diríamos que los créditos van a tener una reducción del 50%”, precisó Torres. Además, aclaró que “no tendría costo fiscal porque la familia o el empleador que adquieren insumos para el hogar o para sus empresas ya pagan IVA, Ingresos Brutos o tasas municipales con esa compra. Por lo tanto, eximirlos no debería ser un costo fiscal”. Otra “pata” del proyecto es que los recursos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) que administra la ANSES sean apalancados para aquellos bancos que adhieran al programa y estén dispuestos a darle una nueva oportunidad a los morosos a través de un nuevo préstamo. “No creemos que las familias sean irresponsables o se endeuden a propósito para después no pagar. Hay que sentir el dolor y la preocupación que tienen las familias cuando quieren pagar los créditos adquiridos y no lo pueden hacer. No podemos dejar de reconocer que hay un problema serio. Las familias que no pueden pagar los créditos quedan marcadas en el tiempo, y eso no le hace bien a la sociedad ni a los bancos”, planteó Torres. La diputada pidió tener para los morosos una mirada como la que tuvo el Gobierno con los contribuyentes que no declararon ahorros y ahora pueden acogerse al régimen de Inocencia Fiscal. “Presumimos que todo el mundo que va a buscar un préstamo quiere pagarlo”, dijo. La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR buscan imponer su propio proyecto de ley sobre morosidad familiar y capitalizar un tema que instaló la oposición. El debate tendrá una primera definición este martes a las 14, cuando se reúnan las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para dictaminar. Hay gran expectativa por las casi 6 millones de personas con pagos atrasados en todo el país.