El proyecto de “ley hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal y quedó listo para su tratamiento en el recinto, con 35 firmas de La Libertad Avanza, PRO y la UCR. La iniciativa propone la derogación de unas 70 leyes consideradas obsoletas y forma parte de la estrategia del oficialismo para mostrar avances en el Congreso en medio de internas políticas y cuestionamientos judiciales que impactan en el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A pesar de que el proyecto no genera el mismo nivel de rechazo que otras iniciativas del oficialismo, la oposición y los aliados evitaron habilitar una sesión esta semana y buscan postergar el debate al menos hasta después del informe de gestión del jefe de Gabinete del 29 de abril.

Un "ordenamiento legislativo" El texto ya había sido enviado en 2024, pero perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. Ahora fue presentado nuevamente con mínimos ajustes. Desde el Gobierno sostienen que se trata de un paso necesario hacia el “ordenamiento legislativo” frente a un sistema cargado de normas sin aplicación efectiva.

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que existen “leyes obsoletas u hojarasca” que mantienen vigentes estructuras y organismos que en la práctica ya no funcionan. En ese sentido, planteó que el objetivo es comenzar un proceso de ordenamiento. En su exposición, Cacace repasó el Digesto Jurídico iniciado en 1998, que relevó unas 28 mil normas: solo 3.300 quedaron como vigentes, unas 10 mil fueron consideradas no vigentes y alrededor de 15 mil quedaron fuera de los anexos, en una zona gris, luego de que se modificara el criterio original que establecía la derogación automática de todo lo no incluido.

Además, advirtió que el proceso de consolidación nunca se completó, perdió estado parlamentario y no se actualiza desde 2013, lo que profundizó el desorden normativo. “Hay normas incluso dictadas por gobiernos de facto que no tienen relación con el sistema democrático actual”, señaló, y planteó que avanzar en este ordenamiento podría ser una tarea transversal entre bloques. En esa línea, desde el Ejecutivo detallaron que las leyes alcanzadas por el proyecto se agrupan en distintos criterios: normas que fueron reemplazadas por otras más modernas, leyes superadas por avances tecnológicos o cambios económicos, disposiciones que restringen libertades individuales, regulaciones burocráticas que encarecen el funcionamiento del Estado, estructuras que ya no existen en la práctica y organismos financiados con recursos públicos que podrían sostenerse de manera autónoma. Entre los ejemplos mencionados aparecen desde leyes sanitarias específicas ya superadas hasta regulaciones vinculadas a tecnologías obsoletas, como la microfilmación de documentos o las primeras transmisiones de televisión en color, así como normas que habilitaban controles estatales sobre reuniones privadas o sanciones por posicionamientos políticos frente al Estado.

Críticas opositoras y cambios al proyecto Desde la oposición, las críticas apuntaron tanto al contenido como a la oportunidad del debate. El diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano sostuvo que el catálogo presentado es “incompleto” y, en algunos casos, “sobreabundante”, además de incluir temas sensibles que requieren un análisis más profundo. Giuliano reconoció que existen leyes obsoletas, pero advirtió que muchas de ellas ya están derogadas de hecho por desuso y que el proyecto excede una simple depuración normativa. “Estamos ante una intervención de mayor alcance respecto del modelo de Estado”, planteó, y cuestionó que el Gobierno avance con derogaciones “lisas y llanas” sin generar marcos de reemplazo.

En ese sentido, mencionó normas que, a su entender, deberían revisarse con mayor cuidado, como las vinculadas a la producción pública de medicamentos, el control sanitario de enfermedades como la lepra —que aún registra entre 300 y 400 casos anuales en el país—. Por su parte, Myriam Bregman cuestionó con dureza la iniciativa y advirtió sobre la utilización política de la vigencia de las leyes. En su intervención, afirmó que “solo con un termo en la cabeza se puede votar una ley de este tipo” y vinculó el debate con antecedentes de uso de normas para justificar decisiones económicas, como el endeudamiento.

En la misma línea, Vanesa Siley expresó el rechazo de su bloque y apuntó directamente contra Sturzenegger, al considerar que la propuesta implica una discusión alejada de las prioridades sociales y económicas. Su exposición generó un momento de tensión en el plenario, con cruces y respuestas desde el oficialismo. Durante el tratamiento, el oficialismo introdujo modificaciones al dictamen original.

Entre los cambios, se retiraron: la modificación vinculada a las cooperativas; la polémica ley de obleas de libre circulación y estacionamiento para legisladores; la modificación del artículo sobre el financiamiento de la Federación Argentina de Municipios y el del Círculo de Legisladores de la Nación. Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Sin embargo, su avance dependerá de las negociaciones políticas en una agenda atravesada por otras prioridades y por la disputa entre oficialismo y oposición sobre el rumbo del Estado y el alcance de las reformas.