El gobierno de Javier Milei aceleró a fondo en su plan de transformación del sistema del empleo. A través del Decreto 407 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la reforma laboral y pateó el tablero de las relaciones gremiales al modificar por completo el régimen de «ultraactividad» de los convenios colectivos de trabajo. La medida obliga a sindicatos y cámaras empresarias a renegociar de forma masiva todas las condiciones de trabajo en el plazo de un año, abriendo un escenario de fuerte conflictividad en plena discusión de paritarias.

La resolución le otorga un poder clave a la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero. A partir de ahora, el organismo podrá considerar «vencidos» los convenios colectivos cuya fecha original haya expirado y fijó el 31 de diciembre de 2026 como límite para aquellos acuerdos históricos que no tenían fecha de finalización. La respuesta sindical fue inmediata: la conducción de la CGT denunció formalmente al Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, acusándolo de romper la soberanía de las paritarias y de intervenir de forma ilegal para imponer topes salariales a la baja, indica Clarín.

Las tres claves del decreto que encienden las alarmas en los gremios por la reforma laboral La polémica estalló porque la reglamentación de la reforma laboral fue mucho más allá de lo que esperaban los especialistas. Los puntos más sensibles del nuevo esquema contemplan: - Fin de los convenios eternos: las empresas ya están acudiendo a la autoridad laboral para denunciar el vencimiento de los acuerdos y exigir discutir todo de nuevo, desde adicionales por zona y presentismo hasta categorías y jornadas de trabajo. - La trampa de la homologación: si las partes no avanzan en la renegociación del convenio en el plazo de un año, la Secretaría de Trabajo tiene la facultad de suspender la homologación de las paritarias, una herramienta de presión directa contra los sindicatos. - Pérdida de derechos adquiridos: aunque la ley original buscaba cortar los aportes obligatorios a los gremios, el decreto abre la puerta para que pierdan vigencia las cláusulas que definen las condiciones diarias de trabajo en las empresas. - El impacto en las paritarias: según explicaron abogados laboralistas a Clarín, los dirigentes gremiales advierten que el verdadero objetivo del Gobierno es usar la caída de los convenios viejos como una soga al cuello para obligar a los sindicatos a aceptar paritarias a la baja y resignar suplementos históricos. Tijeretazo a la caja: nuevos topes para los sindicatos y las cámaras Otro de los capítulos más duros del decreto apunta directamente al financiamiento de las estructuras sindicales y empresariales, poniendo límites estrictos a los descuentos que antes no tenían regulación: - Cuotas Solidarias Sindicales: el aporte que los gremios cobran a los trabajadores de la actividad (estén afiliados o no) tendrá un tope máximo del 2% de sus remuneraciones.

Antes de la ley, estas retenciones alcanzaban en muchos casos el 4% o 5%. - Cajas Empresarias: las cuotas destinadas a las cámaras de empleadores no podrán superar el 0,5% de los salarios. Además, solo serán obligatorias para las empresas que estén formalmente asociadas a la cámara de la actividad. - Exigencia de representatividad: para poder sentarse a negociar y cobrar estas cuotas, las cámaras patronales deberán acreditar que representan al menos al 10% de los trabajadores de su sector. El gobierno de Javier Milei aceleró a fondo en su plan de transformación del sistema del empleo.

A través del Decreto 407 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la reforma laboral y pateó el tablero de las relaciones gremiales al modificar por completo el régimen de "ultraactividad" de los convenios colectivos de trabajo.