Acorralados por el calendario judicial, los tribunales federales suman las últimas piezas del rompecabezas antes de un debate histórico. Apenas unas semanas antes de que arranque el juicio oral por la causa Los Sauces, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) recibió un informe pericial que mantuvo en pausa el proceso durante meses. El documento, confeccionado por especialistas de la Corte Suprema, desnudó serias inconsistencias contables en la administración del patrimonio hotelero de Cristina Kirchner y su familia.

Según la información revelada por TN, el reporte de más de 30 páginas detalló los movimientos del hotel boutique, pero se topó con un muro insalvable: los peritos no pudieron determinar si la explotación comercial era realmente rentable. ¿El motivo? La llamativa ausencia de balances oficiales y documentación respaldatoria básica.

Este elemento de prueba es vital para que los fiscales logren sustentar las acusaciones contra Cristina y Máximo Kirchner en las audiencias que comenzarán el 23 de octubre. El camino hasta el banquillo estuvo minado de trabas procesales. En noviembre de 2021, el TOF 5 firmó el sobreseimiento de todos los involucrados, pero la Cámara Federal de Casación Penal dio vuelta esa decisión en septiembre de 2023 y ordenó avanzar con el juicio contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, dejando afuera únicamente a Florencia Kirchner.

Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema elevó el caso a la etapa oral. El núcleo de la denuncia, impulsada originalmente por la ex diputada Margarita Stolbizer e investigada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, apunta a que la inmobiliaria (constituida en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo) nunca funcionó como un negocio real de mercado. La hipótesis de la fiscalía marca que la sociedad sirvió como una pantalla para canalizar el retorno de fondos vinculados a la adjudicación de obra pública.

Los números que maneja la Justicia sostienen esta teoría. Entre 2009 y 2016, Los Sauces S.A. le facturó casi 26 millones de pesos a las compañías de Báez y del Grupo Indalo, cifra que representó el 88% de sus ingresos totales. Del desglose surge que López y De Sousa inyectaron unos 18,5 millones, mientras que Báez sumó otros 7 millones.

Para agravar el cuadro, los fiscales señalaron que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la caja y utilizaron varios inmuebles de forma gratuita. El mapa de las propiedades y los alquileres inflados El radar de la Justicia por asociación ilícita y lavado de activos expone un circuito inmobiliario de altísimo valor. La propiedad que más ruido generó en el expediente es el lujoso dúplex de los pisos 8 y 9 del complejo Madero Center, en Puerto Madero, con cocheras incluidas.

Este inmueble fue ocupado por Cristóbal López a través de sus firmas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Las cifras detrás de ese contrato de alquiler encendieron todas las alarmas. La investigación demostró que, entre 2012 y 2017, el empresario desembolsó alrededor de 1,7 millones de dólares para usar el departamento.

Sin embargo, una tasación judicial posterior dejó al descubierto la maniobra: el valor real de mercado de ese alquiler era de apenas la mitad, o incluso menos, de la fortuna que se pactó en los papeles. El esquema de propiedades bajo sospecha se completa con el sur del país. El listado incluye lotes y departamentos distribuidos entre Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, muchos de los cuales fueron construidos por Austral Construcciones.

A este entramado se suma la residencia de la calle Mascarello 400 y el departamento de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, ambas propiedades clave en el patrimonio de la familia Kirchner. TC/MSS