El último intento del expresidente Alberto Fernández para anular la causa en la que está investigado por violencia de género, tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez, fracasó este miércoles. La Cámara Federal de Casación Penal consideró que el planteo que había realizada la defensa es inadmisible. Los jueces Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma consideraron que era inadmisible, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia.

El planteo de los abogados defensores Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi fue presentado en octubre del año pasado. En este se sostenía que, tras la remoción del juez Julián Ercolini, todas las pruebas recolectadas durante su tiempo dirigiendo la causa debían ser descartadas, y con esto anular todo el proceso. Los letrados objetaron que los mensajes y fotografías hallados en el teléfono móvil de su exsecretaria, María Cantero, -que dieron inicio a la causa- eran parte de una “prueba contaminada por su origen ilegítimo y vulneran de modo irreparable las garantías esenciales del proceso penal”.

No obstante, el tribunal consideró, por mayoría, que lo expuesto no alcanzaba para cuestionar los fundamentos previos del caso, limitándose a expresar un mero desacuerdo, y que no se demostró de forma directa una vulneración constitucional a los derechos del exmandatario. "Finalmente, no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio", se describió en el fallo. En tanto, Slokar consideró que correspondía analizar el fondo del asunto conforme a la ley procesal. Sin embargo, aclaró que esto "de ningún modo implica adelantar criterio sobre la materia en trato", es decir, que no se pronunció a favor del exjefe de Estado.

Por qué se separó al juez inicial de la causa y en qué punto se encuentra el proceso judicial Ercolini fue apartado de la causa por este mismo tribunal, al determinar que entre él y el expresidente existía una relación de enemistad manifiesta que afectaba su imparcialidad. En su momento, el tribunal tomó esta decisión con el fin de "alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes" y garantizar el debido proceso. Pero los jueces también ratificaron que buscaron “evitar la revictimización” en una causa por violencia de género.

En su lugar, tomó la investigación el juez Daniel Rafecas, quien solicitó medidas de prueba de descargo que la defensa de Fernández venía solicitando, pero que aún no se habían efectuado. Ahora se espera que, una vez analizadas estas pruebas, el magistrado determine la situación procesal definitiva del expresidente, decidiendo si lo mantiene procesado para enviarlo a juicio oral y público, o si le corresponde la falta de mérito o el sobreseimiento. Por su parte, el fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación y pidió que el caso pase a juicio hace más de un año.

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