La Justicia frenó el cierre de una de las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), entre otros, que le impide al Gobierno avanzar con el cierre de la Estación Experimental INTA AMBA, decisión que su directorio tomó y ejecutó el pasado 27 de febrero. La medida fue dispuesta por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que además indicó no innovar en ninguna medida respecto a dicha dependencia, como tampoco despedir o reubicar personal o vender sus tierras por el plazo de 6 meses.

De esta manera, Tezanos Pinto decidió que el INTA “se abstenga de ejecutar cualquier acto destinado a materializar lo dispuesto por la Resolución 27/2026, en cuanto a la supresión de la EEA INTA AMBA y sus unidades dependientes, movimientos de personal, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA”. Al promover la medida cautelar, los demandantes argumentaron que la decisión adoptada por el Gobierno resulta “manifiestamente arbitraria e ilegítima”. En ese sentido, señalaron que “carece de una fundamentación adecuada y vulnera derechos relacionados con el trabajo, la agricultura familiar y el acceso a la ciencia y la tecnología”.

El 27 de marzo pasado, el Consejo Directivo del organismo aprobó la Resolución 27/2026, mediante la cual dispuso el cierre de la estación experimental del AMBA, ubicada en el partido bonaerense de Morón, junto con sus 9 agencias de extensión rural. La iniciativa forma parte de un proceso de reorganización institucional destinado a reducir estructuras y centralizar funciones. Desde el Gobierno explicaron que las tareas de investigación pasarían a ser asumidas por otras dependencias del organismo.

Luego, el Consejo Directivo del INTA autorizó a la Dirección Nacional a implementar las acciones administrativas necesarias para ejecutar la medida, incluyendo la reasignación de personal, equipamiento, infraestructura y partidas presupuestarias vinculadas a la estación experimental. Los sindicatos recurrieron a la Justicia al entender que “la EEA AMBA desarrolló durante más de 15 años tareas de investigación, asistencia técnica y transferencia tecnológica para productores, familiares del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires”. Según su visión, el cierre implicaría “la interrupción de actividades que involucran a investigadores, técnicos, gobiernos locales, universidades y organizaciones sociales”.

Tras conocerse el fallo, la delegada de ATE INTA IPAF Pampeano/AMBA, Gigi Franceschi, dijo a Clarín que el veredicto “es positivo”, pero afirmó: “La realidad concreta es que en el INTA AMBA, si bien se cerró recientemente, los trabajadores nos trasladamos a otras unidades para preservar nuestra fuente de trabajo. Ahora sale esta cautelar que frena el cierre, pero la realidad es que la estación experimental no tiene personal ni directivos. Muchos ya han tomado el retiro voluntario”.

Para Franceschi, “la medida puede servir en lo concreto para frenar el desguace de la unidad, la venta de tierras y el desmantelamiento de las instalaciones”. “También tenemos en cuenta que es una cautelar que no resuelve las cuestiones de fondo y que puede caerse. Entonces, en lo que hace a los trabajadores o ex trabajadores del INTA AMBA, mucho no nos cambia”, afirmó. Sobre eso, concluyó: “Lo vemos positivo porque eventualmente sirve para ganar tiempo y tener algún lugar donde volver cuando se pueda revertir las situaciones más de fondo, cuando cambie el gobierno y sea un poco más coherente y atento a las necesidades productivas de la región.

Los grandes perjudicados con esto son los productores del principal polo florifrutihortícola del país que abastecen al Conurbano y CABA, que se están quedando sin políticas públicas para mejorar sus producciones”.