El Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero de Bahía Blanca denunció el faltante de 25 ampollas de monodosis de fentanilo y la Justicia investiga en qué circustancias desaparecieron. El hecho fue alertado por los responsables del área de Anestesiología, por lo que intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero. Según informaron a TN fuentes cercanas a la causa, el faltante de las ampollas de fentanilo se detectó el 30 de marzo, tres días después de que se haga el último control y se comprobara que el lote estaba “íntegro”. Las dosis de uso único estaban guardadas en un armario bajo llave en el sector del quirófano central y su acceso estaba limitado solo al personal autorizado. Los investigadores no detectaron signos de ingreso forzado en el lugar. Ahora, la fiscalía avanzará con la toma de testimonios a los profesionales que trabajan en el centro de salud y el análisis de las cámaras de seguridad del área para comenzar a reconstruir las circunstancias del episodio. En un comunicado de prensa, los voceros del Hospital Municipal indicaron que, en paralelo con la investigación penal, se inició un sumario interno para establecer las responsabilidades. Esta denuncia se da en medio de la investigación de la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que se presume que murió por sobredosis, y la causa que sigue una trama que combina el robo de drogas hospitalarias y su uso en fiestas clandestinas conocidas como “Propo Fest”. Todo comenzó el 20 de febrero, cuando Zalazar, que trabajaba como anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fue encontrado muerto en su casa. Junto a su cuerpo, la policía encontró medicamentos y una bomba de infusión, lo que encendió las alarmas en el sistema de salud. Los investigadores aún esperan la segunda parte de la autopsia para confirmar si murió a causa de una sobredosis de propofol y fentanilo. La investigación reveló que los fármacos que usó Zalazar provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. Allí, se identificó a Hernán Boveri y a la residente Delfina Lanusse como presuntos responsables del robo y distribución de las drogas. Ambos fueron imputados y ya no trabajan en la institución, que inició un sumario interno y denunció los hechos ante la Justicia. En este contexto, se viralizó un audio de WhatsApp en el que se refiere a supuestas fiestas llamadas “Propo fest”, que habrían sido organizadas por un grupo pequeño de profesionales de la salud de distintos hospitales porteños. Según este testimonio, en esas reuniones se usaban insumos hospitalarios como propofol y fentanilo. El juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento quedó a cargo de la investigación, caratulada como administración fraudulenta de medicamentos y un posible desvío de drogas.