El tribunal Oral Federal 2 intimó a Cristina Kirchner a cumplir con las restricciones impuestas para su prisión domiciliaria, tras un banderazo el pasado 14 de junio que provocó el corte de calles en la zona y un gran aglomeramiento de personas. La militancia tenía previsto realizar otra concentración masiva el próximo 20 de junio. “Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, sostuvo el tribunal. La Justicia remarcó que el episodio del fin de semana presentó características cualitativamente distintas a las manifestaciones periódicas que se vienen registrando desde que la exmandataria cumple arresto domiciliario.

En esta oportunidad, un grupo de militantes, en el marco de un acto organizado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, extendió una bandera con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada”, que cruzaba la calzada y el espacio aéreo público, sostenida por cables tensores. La resolución destacó que la expresidenta “participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”. Además, saludó a los presentes desde el balcón.

El juez enumeró tres aspectos que tornan reprochable la conducta: el riesgo ostensible para la integridad física de la propia condenada, transeúntes, conductores y peatones por la instalación de la estructura; la posible comisión de una contravención municipal por la falta de autorización para ocupar el espacio público, y “la perturbación objetiva de la tranquilidad del vecindario y la alteración de la convivencia pacífica”. “La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, se lee en la resolución judicial. “La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, añadió el juez. Hasta ahora, las concentraciones de apoyo frente al edificio no habían derivado en una intimación judicial tan contundente. El tribunal consideró que en aquellos casos la expresidenta no había intervenido de manera directa ni había utilizado su domicilio como parte activa de la manifestación.

En cambio, esta vez la participación personal y el despliegue de la bandera generaron una situación que, a criterio del juez, excede los límites tolerables.