La Justicia advirtió a la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, que podría revocar su prisión domiciliaria en caso de que se repitan situaciones que alteren el orden público en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio porteño de Constitución. La intimación formal fue realizada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien exigió el “cumplimiento estricto” de las condiciones impuestas en el marco de la detención domiciliaria. Según se desprende de la resolución, el magistrado alertó que podría “dejar sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente” si continúan las conductas consideradas irregulares.

La medida judicial se originó tras los incidentes registrados el domingo pasado frente al domicilio de la ex mandataria, en San José 1111, donde se llevó a cabo un “banderazo” que derivó en cortes de calles y una fuerte concentración de personas en la zona. De acuerdo con los fundamentos judiciales, Cristina Kirchner habría participado en la convocatoria de la manifestación al exhibir una bandera de grandes dimensiones desde su balcón. El elemento, que cruzaba la calle y estaba sujeto mediante cables hacia el edificio ubicado enfrente, fue interpretado por la Justicia como un gesto activo de promoción del evento.

En ese contexto, el juzgado consideró que la reiteración de este tipo de manifestaciones afecta la convivencia en el barrio y vulnera las condiciones impuestas para la detención. Entre los argumentos, se sostiene que “la convivencia con los vecinos del edificio y del barrio se ve afectada” por las concentraciones y la instalación de estructuras en la vía pública que interrumpen la dinámica cotidiana. Asimismo, se remarcó que este tipo de intervenciones requieren autorizaciones específicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los hechos podrían también encuadrarse como una contravención.

El juez Giménez Uriburu basó su advertencia en lo establecido por el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena. Esta norma otorga al magistrado la facultad de revocar el beneficio de la prisión domiciliaria y disponer el traslado a una unidad penitenciaria en caso de “incumplimientos injustificados”. En ese sentido, la resolución deja explícito que, de reiterarse situaciones similares, Cristina Kirchner podría ser enviada a una cárcel común, lo que implicaría un cambio sustancial en su régimen de detención.

La decisión abre un nuevo capítulo en la situación judicial de la ex presidenta, atravesada por tensiones entre el cumplimiento de las condiciones legales y las manifestaciones de apoyo político en el espacio público.