El Ministerio Público pide la absolución de los once investigados y el abogado del hermano del presidente cree que la raíz del juicio "está podrida". El jueves comenzó la primera sesión del juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, sobre un presunto caso de enchufismo. La Audiencia Provincial de Badajoz investiga si la contratación del hermano del presidente, en 2017, fue un puesto creado ad hoc y si realmente influyó en la decisión del organismo el hecho de que Sánchez fuera hermano del entonces secretario general del Partido Socialista.

Junto a David Sánchez se sentó Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz por aquel entonces. La investigación se basa en un informe de la UCO en el que se destaca la contradicción de que en 2016, Gallardo se quejara de demasiado personal en la institución y sólo un mes después se creara un nuevo puesto como coordinador de las Actividades de los Conservatorios. La batuta fue a parar al hermano del presidente, que desde el principio ha defendido su inocencia y ha asegurado que encontró el trabajo "a través de un buscador de Internet".

Pero en la sesión de este jueves no escuchamos a ninguno de los acusados. Fue una primera sesión técnica: turno para las defensas y para la acusación particular. También para la Fiscalía, que defendió en boca de Begoña García Boró la prescripción de uno de los delitos que se le imputa a David Sánchez: el de aceptar un nombramiento ilegal en la diputación.

Los argumentos que da la fiscal se basan en el calendario. Según García Boró, el delito habría prescrito y además no está tipificado con la inhabilitación, como piden las acusaciones, sino "con una multa de tres a ocho meses". La fiscal también ha utilizado la misma carta para solicitar que se retire ese mismo cargo a Gallardo.

Los argumentos de la Fiscalía no han hecho que se posicionen de parte del abogado de Sánchez, que desde que comenzó la instrucción ha tildado el proceso de una "investigación prospectiva". El Ministerio Público, que defiende la absolución de todos los acusados, también ha cerrado filas con la jueza, y ha defendido su imparcialidad "ante las sospechas que se han querido introducir". El juicio continuará su curso.

Aunque está previsto que termine la semana del 9 de junio, ante la cantidad de testigos e investigados, los jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz han querido reservar más días por si acaso. En el escenario más largo, el juicio podría terminar la semana del 15 de junio.