La actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, figura en documentos oficiales como administradora del Hogar Elisa Martínez en al menos ocho casos de adopciones calificadas como irregulares entre enero y agosto de 1982. Esta información, publicada por el periódico El Faro, surge mientras Porras busca un tercer mandato al frente del Ministerio Público. El hallazgo cobra especial relevancia porque, según el mismo medio, en su postulación reciente ya no consta su periodo como administradora, el cargo bajo el cual suscribió los expedientes de estas adopciones.

Documentación revisada por El Faro indica que, en el 40 % de más de 80 adopciones ilegales señaladas en procesos ocurridos entre 1968 y 1996, los registros de identidad de los menores fueron alterados. Estas alegaciones, entregadas este año a un grupo de expertos de las Naciones Unidas, incluyen niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, en su mayoría indígenas, cuyos procesos fueron autorizados por Porras cuando laboraba en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La información fue corroborada a partir de procedimientos documentales, entre ellos informes sociales, actas de nacimiento y escrituras finales de adopción, según El Faro.

La ONU exige investigaciones independientes tras identificar 80 alegaciones de ilegalidad Un grupo formado por cinco relatoras y relatores especiales de Naciones Unidas, junto a tres representantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, manifestó en febrero su “alarma ante las alegaciones de adopciones ilegales históricas y el presunto papel de una alta funcionaria en Guatemala”, en referencia explícita a Consuelo Porras. La denuncia, difundida el 16 de febrero por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), detalla que el proceso de nombramiento judicial sigue en curso a pesar de estos señalamientos. Los expertos reclamaron “investigaciones independientes sobre las alegaciones” y confirmaron haber iniciado contacto con las autoridades guatemaltecas.

La repercusión internacional de estas denuncias incide en la carrera de Porras. Según El Faro, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones en su contra desde 2022, acusándola de corrupción y de obstaculizar el proceso electoral de 2023. Pese a que el pasado 3 de marzo no fue electa para la Corte de Constitucionalidad, Porras se postula nuevamente para dirigir el Ministerio Público.

Composición de los expedientes y ocultamiento de la identidad materna En el análisis de los casos, El Faro determinó que una parte de los niños provenían de otras nacionalidades: cuatro nacieron en Guatemala de madres salvadoreñas, una niña nació en El Salvador y fue trasladada a Guatemala, dos hermanos tenían madre hondureña y dos menores nacieron de madres guatemaltecas. Excepto en un expediente, el Estado omitió consignar la identidad materna en los documentos finales de adopción. En el único caso donde ello fue explicitado al inicio, posteriormente se registró que “no consta” el país de origen de la madre.

Para salvaguardar la privacidad y seguridad de los involucrados, El Faro omite identificar a los menores, progenitores y familias adoptivas, así como el país de destino. No obstante, entre enero y agosto de 1982, registros oficiales muestran que funcionarios guatemaltecos facilitaron adopciones hacia países como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Suecia, Bélgica y Guatemala. El medio agregó que los nombres de algunas familias adoptivas coinciden con los de un exalcalde estadounidense y su esposa residentes en el Medio Oeste.

Guatemala, epicentro global del mercado irregular de adopciones en el conflicto armado A finales de la década de 1970, en pleno conflicto armado interno, Guatemala se consolidó como el principal eje del mercado mundial de adopciones, caracterizadas en muchos casos por la ausencia de control judicial. El país suspendió este tipo de procedimientos internacionales en 2008. La historiadora de la Universidad de Boston, Rachel Nolan, describió en 2024 la situación al afirmar que “todavía se suele citar como el peor de los casos en materia de adopción internacional, un ejemplo de lo que puede salir mal cuando familias de países ricos participan, a menudo sin saberlo, en un mercado comercial de niños procedentes de países pobres”, según recoge El Faro en referencia a su libro sobre el tema.

Durante más de nueve años Porras laboró con distintos cargos en los hogares Elisa Martínez y Rafael Ayáu, ambos implicados en el proceso de adopciones. Los expedientes objeto de la investigación datan incluso de antes de su gestión como administradora, mostrando una estructura estatal más amplia, con la participación de trabajadoras sociales, notarios, jueces y registradores públicos tanto de la Ciudad de Guatemala como de Quetzaltenango. En la práctica, los papeles de la administradora del Hogar Elisa Martínez incluyeron la función de tutora legal.

Un documento notarial del 8 de junio de 1982, firmado por el notario Ángel Alfredo Figueroa, señaló expresamente la asistencia y consentimiento de “María Consuelo Porras Argueta”, que actuó como administradora en calidad de tutriz en una adopción conforme al artículo 308 del Código Civil. La firma consignada en ese expediente corresponde a la presentada en las dos postulaciones de Porras como fiscal general, según constató El Faro.