En los últimos días el nombre del jefe de Gabinete pasó a estar en boca de todos. No fue por una reforma que aliviara la vida de los argentinos en tiempos de ajuste: lo que puso a Manuel Adorni en el centro de la escena fue la noticia de que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado junto a él en el avión presidencial durante una gira oficial del presidente Milei a Estados Unidos. Aunque intentó restarle gravedad, Adorni no pudo evitar la reprobación pública. No solo por el viaje, sino porque luego se conocieron presuntos gastos abultados. En un país cansado de la discrecionalidad en el uso de los recursos estatales, la escena resultó elocuente: los que prometían terminar con privilegios de la casta volvieron a mostrar una alarmante familiaridad con ellos. El hecho es grave, pero lo es todavía más por la contradicción con la narrativa del propio gobierno. En 2024, como vocero presidencial, Adorni anunció el decreto 712: las aeronaves estatales no podrían utilizarse para ninguna actividad ajena a su condición esencial al servicio del poder público. Se presentó la medida como una señal de austeridad y un corte con los abusos de la “vieja política”. Ya como jefe de Gabinete, quedó a cargo de un régimen más estricto para los viajes oficiales, que limitó comitivas y reforzó controles. La contradicción es demasiado evidente como para disimularla. El mismo gobierno que construyó su legitimidad sobre la denuncia de los privilegios de la “casta” vuelve a aparecer asociado a prácticas que se parecen demasiado a aquellas que decía combatir. No es la primera vez que sucede algo semejante. En administraciones anteriores también se verificaron usos discrecionales de recursos públicos: ocurrió con Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Fue el propio Adorni quien criticó con dureza los viajes de Fabiola Yañez. Esos antecedentes no justifican los hechos del presente, mucho menos la hipocresía de quienes hacen hoy lo que denunciaban ayer. Tampoco es un episodio aislado: ahí están el caso $Libra, que derivó en investigaciones y pedidos de explicaciones al Presidente, y las graves denuncias en la Andis. Cuando se acumulan los escándalos, deja de tratarse de una excepción y empieza a revelarse un modo de ejercer el poder. “Vengo a deslomarme a Estados Unidos y quería que me acompañe”, dijo Adorni antes de retractarse. La frase revela una desconexión profunda con la vida real de los argentinos. En este país, quienes de verdad se desloman son millones de trabajadores que sostienen su vida con esfuerzos mucho más duros, menos recompensados y que ni pueden soñar con un viaje así. Muchos otros ya no tienen trabajo formal: en diciembre de 2025 el empleo asalariado privado registrado volvió a caer, mientras la reforma laboral debilitó derechos en nombre de la flexibilidad. Que un alto funcionario invoque su “deslome” para justificar un privilegio costeado con recursos estatales confirma hasta qué punto exigen sacrificios a los ciudadanos de a pie mientras se reservan excepciones para los propios. Por mucho que Milei intente defenderlo con teorías económicas, no importa si el “costo marginal” del pasaje fue mayor o menor, ni si después se intenta compensar el escándalo con tecnicismos. Lo importante es el criterio expuesto: la confusión entre el interés público y la comodidad personal. Para quienes provenimos del socialismo, esta discusión es central. El partido al que pertenezco, fundado hace 130 años por Juan B. Justo, nació con la convicción de que la política debía ser herramienta de transformación social, no camino de privilegio personal. El socialismo argentino insistió en una idea sencilla, pero decisiva: quien interviene en la vida pública debe hacerlo con vocación de servicio, austeridad y respeto por lo que pertenece a la comunidad. Alicia Moreau de Justo, Alfredo Bravo, Héctor Polino, Hermes Binner y Miguel Lifschitz fueron expresión de esa tradición: se fueron de la política como llegaron, sin enriquecerse ni utilizar cargos para beneficio propio. Nuestras experiencias de gestión demostraron que un Estado honesto puede ser activo y eficiente, y que la decencia administrativa es una condición. La ética pública no es un asunto menor ni una cuestión moral abstracta. Es el corazón de la participación en la esfera pública. Quien cree que todos tienen derecho a vivir mejor no puede administrar el Estado como propiedad privada ni utilizar sus recursos discrecionalmente. El patrimonio público es de la sociedad. La Argentina necesita discutir con seriedad el vínculo entre política y ética pública. Cuando los ciudadanos perciben que el sacrificio es para unos y la excepción para otros, se erosiona la confianza en las instituciones. Y así, no pierde solo un gobierno: pierde la democracia. La ética pública no puede ser una consigna para los discursos y una excepción para los funcionarios. Debe ser una práctica constante, o no es nada. *Presidenta del Partido Socialista de Argentina.