Tres meses después de la histórica sentencia a 18 años de prisión contra el exjuez federal Walter Bento, su defensa presentó un recurso de casación contra la totalidad de la condena, así como también contra las penas impuestas a su esposa, Marta Boiza, y a su hijo, Nahuel Bento, quienes fueron condenados en el mismo megajuicio. La defensa, integrada por los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvareza y Gustavo Gazali, recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal la condena de 18 años de prisión, la multa de $540.846.159 y el decomiso de bienes dictados por el Tribunal Oral Federal N° 2 el pasado 6 de febrero contra el extitular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza. Bento fue condenado por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo por ocho hechos (casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10) en calidad de autor, además de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas.

En tanto, Marta Boiza fue condenada a seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, además de recibir una multa de $223 millones. En el caso de Nahuel Bento, la condena recibida por lavado de activos fue de cinco años de prisión, junto con una multa de $16 millones. El exjuez se encuentra detenido desde el 8 de noviembre de 2023 en la cárcel federal de Cacheuta y el pedido de prisión domiciliaria de su defensa fue rechazado en reiteradas oportunidades.

Es el único del clan familiar que se mantiene arrestado, ya que el resto se encuentra en libertad hasta que queden firmes las condenas. Vale recordar que el Ministerio Público Fiscal también presentará su propio recurso ante Casación contra los delitos que fueron declarados prescriptos y contra las absoluciones dictadas por el TOF N° 2. Así lo adelantó el fiscal federal Dante Vega en una entrevista con Los Andes.

Tienen plazo para hacerlo hasta el próximo lunes 18 de mayo, al igual que el resto de las defensas de los otros 13 culpables. El recurso de la defensa de Walter Bento Según el escrito presentado por los abogados del exmagistrado, el juicio estuvo atravesado por errores fácticos y jurídicos de extrema gravedad. Los defensores sostienen que la extensión de la sentencia —de más de mil páginas— y la severidad de la pena “no equivalen a solidez argumental”, y afirman que el fallo incurre en aseveraciones que contradicen de manera directa las constancias del expediente.

Entre esos presuntos errores, la defensa señala que el tribunal sostuvo que Bento ordenó libertades sin intervención fiscal, cuando —según asegura— existen dictámenes favorables incorporados al expediente. También objeta afirmaciones vinculadas con presuntas omisiones de notificación y maniobras procesales que, según el recurso, están desmentidas por la propia documentación judicial. El planteo también apunta al origen de la investigación.

Allí cuestiona la actuación del fiscal Dante Vega, a quien atribuye una enemistad previa con Bento y acusa de haber conducido una pesquisa informal antes de la apertura formal de la causa, además de intervenir luego en distintas instancias del proceso. Otro de los ejes centrales del recurso está dirigido a la prueba de cargo. Según la presentación, varios de los testimonios que apuntalaron la acusación se desmoronaron durante el juicio oral: menciona retractaciones de testigos clave, denuncias por presuntas coacciones para firmar acuerdos de colaboración y declaraciones de imputados condenados que —según la defensa— tenían un interés directo en perjudicar a Bento para intentar revertir sus propias condenas.

En el plano estrictamente procesal, los abogados sostienen que la condena ni siquiera podía dictarse porque el Ministerio Público Fiscal no formuló un pedido concreto de pena al cerrar su alegato final. Según argumentan, esa omisión tornó inválida la sentencia porque, bajo el sistema acusatorio, el tribunal no puede suplir la pretensión punitiva de la fiscalía. Para respaldar ese planteo citan doctrina consolidada de la Corte Suprema y sostienen que ese defecto, por sí solo, bastaría para anular toda la condena.

La defensa también cuestiona de fondo la calificación de asociación ilícita y los hechos de cohecho. Afirma que no se acreditaron los requisitos típicos de una organización criminal estable, que el fallo incurre en un razonamiento circular al utilizar los presuntos cohechos para probar la asociación ilícita y luego valerse de esa asociación para sostener los mismos cohechos, y sostiene que nunca se identificó un pacto venal concreto, elemento indispensable para configurar ese delito. Sobre esa base, solicita a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque íntegramente la sentencia y dicte la absolución del exjuez federal mendocino.